El Gobierno suspende los desahucios en estado de alarma

Iglesias quiere atribuirse una iniciativa que Calvo y Montero dicen que es fruto del trabajo coral

22.12.2020 | 15:43
Imagen de un intento de desahucio

El Consejo de Ministros dio el martes luz verde al decreto-ley que suspende durante el estado de alarma -hasta el 9 de mayo de 2021- los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional y los cortes de luz, agua y gas, incluidos algunos casos de ocupantes ilegales de viviendas vacías. En la rueda de prensa posterior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, destacó que la nueva norma es "extraordinaria para un momento excepcional de dificultad", que "no legitima ninguna ocupación de vivienda", que "refuerza las garantías judiciales" y que compromete al resto de administraciones públicas competentes en vivienda.

Este decreto-ley supone una prolongación, en principio hasta el 9 de mayo, de la moratoria que expiraba el 31 de enero de los desahucios por impago de alquiler para los afectados por la crisis de la covid-19 y la extiende a los colectivos que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia. Ahora, el Ejecutivo extiende la prohibición durante el estado de alarma de los cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, es decir, todas las categorías que define la ley, incluidos los usuarios sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad pero pueden acreditarla por los servicios sociales o los mediadores sociales

Unidas Podemos presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para prohibir los desahucios hasta el año 2022, lo que generó enfado en la parte socialista del Gobierno, aunque finalmente esa enmienda se retiró al alcanzarse un acuerdo en el seno del Ejecutivo para aprobar el real decreto antes de Navidad, lo que sucedió el martes.

Unidas Podemos no solo hizo pública su presión dentro del Ejecutivo para que saliese adelante esta prohibición de desahuciar mientras dure el estado de alarma, sino que la pasada semana también denunció -coincidiendo con el Consejo de Ministros- que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se oponía a prohibir los cortes de suministros, una medida que finalmente se ha incluido en el decreto.

Adjudicarse el tanto


El martes, al mismo tiempo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecían ante la prensa, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, difundía un video en el que señalaba que el decreto antidesahucios "no es la panacea", pero dará tranquilidad a las familias.

En el vídeo aparecía Iglesias en su despacho, con las banderas de España y de la Unión Europea detrás, y daba cuenta del contenido del decreto impulsado por el departamento de Ábalos, a quien no citó, como tampoco hizo referencia a las tensiones que ha suscitado en el Gobierno esta medida. Iglesias remarcó que se suspenden durante el estado de alarma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler y citó también las compensaciones que las administraciones tendrán que ofrecer a los propietarios, también a los grandes tenedores de vivienda.

Sin embargo, en la rueda de prensa de Moncloa Calvo y Montero aseguraron que la aprobación del decreto antidesahucios nace desde el "trabajo coral" de todo el Ejecutivo y desligaron la propuesta de la presión de Unidas Podemos y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Ambas fueron interpeladas por el vídeo hecho público por Iglesias y por el hecho de que Podemos se presente como impulsor de la iniciativa. Calvo insistió en que el trabajo del Ejecutivo es "coral". "En muy pocas ocasiones hay un elemento del gobierno que sea producto de una situación solista", remarcó. Por su parte, la portavoz Montero explicó que el Gobierno solo está dedicado a la "política de las cosas" y "no a las cosas de la política", pues su labor se despliega "a tiempo completo" a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

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