El 80% de los vascos cree que Euskadi ya está en crisis económica

La Universidad de Deusto ha hecho público este viernes los resultados de la 14º edición de su encuesta que, en esta ocasión, se ha centrado en las actitudes y percepciones de la sociedad vasca durante la pandemia del coronavirus y sus implicaciones sobre sus vidas.

El DeustoBarómetro se ha elaborado gracias a un trabajo de campo realizado entre el 5 y el 15 de mayo entre mayores de 18 años de la Comunidad Autónoma Vasca. En total se han realizado 1.004 entrevistas y ofrece un margen de error del 3,09%.

Según los datos recogidos, los vascos sitúan entre sus primeros tres problemas la pandemia-coronavirus (62,5%), seguida por la situación económica que preocupa al 38,9% de los encuestados y el paro (37,5%). También se sitúan entre los cinco puestos la sanidad (18,7%) y las condiciones laborales (14,1%). En contraposición, el "conflicto político" de Cataluña solo preocupa al 0,2% de los encuestados.

Asimismo, el 48,7% de los vascos califica de "regular" la situación económica del País Vasco, mientras que un 32,2% la ve "buena" y un 12,6 "mala". En este contexto, el 35,4% de los encuestados advierte de que el impacto del coronavirus en su situación económica personal será "negativo pero pasajero", por un 26,7% que lo percibe "negativo y puede que duradero". Por contra, un 28,9% dice que no tiene ni tendrá impacto y más de un 4% lo considera "positivo".

Por todo ello, el 43,6% considera que la situación económica de Euskadi dentro de un año será "peor", mientras que un 34,6% cree que estará "igual" y un 16,3% vaticina que mejorará. Además, 8 de cada diez encuestados afirma que Euskadi ya ha entrado en una nueva crisis económica.

En lo que respecta al impacto de la crisis en las condiciones de vida, entre las principales acciones que los vascos han dejado de hacer en los últimos meses por la situación económica se encuentran no comprar ropa o calzado, dejar de ir al dentista y reducir los gastos en alimentación.

MERCADO DE TRABAJO

El 65,1% de los encuestado afirma que ningún miembro de su hogar ha perdido el empleo desde que empezó el confinamiento, por un 28% que reconoce que sí, aunque "solo hasta que acabe esta crisis" y un 6,9% que lo ha perdido de "manera definitiva".

Asimismo, un 44,9% de los vascos cree "poco probable" que en los próximos seis meses pierda el empleo, y un 34,5% "nada probable" mientras que un 8,1% advierte que es "bastante" probable y un 3,9 "muy probable".

En lo que respecta a las personas que se encuentran en paro, el 62% no ve "probable" que en los próximos seis meses encuentre trabajo, mientras que un 15,2% lo considera "bastante probable" y un 7,5% "muy probable".

Además, el 14,6% advierte de que su salario se ha visto reducido en los últimos seis meses y solo un 2,4% lo ha mejorado. Por su parte, un 23,2% de los encuestados ha visto empeorado el horario por un 21% que lo ha mejorado y un 24% ha visto cómo empeoraba la conciliación entre vida laboral y personal.

La encuesta recoge también cómo la carga de trabajo del 47,5% de los vascos se ha incrementado y un 44,6% afirma que la capacidad de reclamar mejoras en las condiciones labores también se han visto perjudicadas.

En lo que se refiere al teletrabajo, el 71,5% de quienes ya lo practican se muestran partidarios de que se generalice por "favorecer la conciliación", por un 20% que se muestra contrario. Por su parte, la mitad de quienes no teletrabajan apuestan por generalizar el teletrabajo, mientras que un 26,3% se muestra contrario.

CRISIS DE 2013

Respecto a las variaciones con respecto a la crisis de 2013, bajan siete puntos quienes creen que se deberían mejorar los servicios públicos (del 69,8% de 2013 al 62,1% actual), aunque para ello se tuviera que pagar más impuestos y suben cinco puntos (15,9%) los partidarios de bajar los impuestos "aunque para ello haya que reducir los servicios públicos".

Asimismo, ha mejorado la satisfacción con los servicios recibidos de tal forma que un 8,1% cree que recibe más de que lo paga, por un 3,8% que lo pensaba en 2014, mientras que un 29,7% dice recibir lo mismo de lo que paga frente a un 15,6% de 2014. También se ha reducido del 66,5% de hace cuatro años al 47,6% actual el porcentaje de personas que dice recibir menos de lo que paga.

Respecto a la RGI suben dos puntos, hasta el 33,2%, quienes creen que deberían reformarse para flexibilizar requisitos y que se beneficiaran más personas y bajan otros dos, al 33% los que reclaman más requisitos y limitar el número de beneficiados. Un 14% apuesta por mantener el sistema tal y como está en la actualidad.

Asimismo, en los últimos siete años se ha incrementado del 39,8% al 50,5% quienes creen que es el Estado el que debería asumir principalmente el cuidado de las personas mayores cuando no son capaces de valerse por sí mismas.

NO RECORTAR SANIDAD

Ante la posibilidad de que se produzcan recortes de servicios públicos, el 79,7% se muestra partidario de no recortar "en ningún caso" en sanidad, (porcentaje que en 2013 se situaba en el 86,1%), un 65,6% rechaza los recortes en pensiones, un 63,6% en la enseñanza y un 39,7% en la prestación por desempleo.

Asimismo, la mayoría de los encuestados, un 66,4%, responsabiliza a los bancos de la actual situación económica, mientras que un 63,2% atribuye la responsabilidad en el Gobierno Vasco, mismo porcentaje que el Gobierno central. En cuatro lugar se sitúa China (59,1%), seguida de Alemania (57,1%), la Unión Europea (51,2%) y las grandes empresas (48,8%).

De este modo, un 61,2% considera que la actual crisis es una oportunidad para mejorar el modelo económico y social, porcentaje que en 2014 se situaba en el 36,4%, y solo un 20,9% cree que "recuperaremos nuestra forma de vida sin ningún cambio significativo cuando acabe la crisis sanitaria".

Por otro lado, Osakidetza es el servicio que mejor nota obtiene con un 7 sobre 10, seguido del transporte público que logra un 6,5 y la educación que supera el 6. Le siguen las carreteras con un 5,9, la seguridad ciudadana (5,6) y los servicios sociales (5,4). En la cola se encuentran la administración de justicia y las políticas de vivienda, ambas con un 4,4.