GASTEIZ. El informe, aprobado el pasado mes de julio por la comisión de investigación creada en torno a este caso, ha recibido este jueves el visto bueno definitivo por el pleno del Parlamento. El texto ha sido apoyado por los 38 parlamentarios que suman los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP), mientras que los 37 representantes de los partidos que apoyan al Gobierno vasco (PNV y PSE) han votado en contra.
El dictamen considera acreditado que el acuerdo ilegal alcanzado por las empresas que prestaban el servicio de comedores en los centros de enseñanza públicos --por el que estas compañías ya fueron sancionadas en su día en sentencia judicial-- supuso un sobrecoste "no justificado" de entre 70,8 y 80,2 millones de euros.
El informe que, en todo caso, no aprecia pruebas de "connivencia" del Gobierno vasco con las empresas defraudadoras, establece que el sobrecoste se acumuló entre 2003 y 2015. Además, indica que entre 28,7 y 33,7 millones de euros del sobreprecio fueron soportados por el Departamento de Educación, mientras que entre 42,1 y 48,5 millones "se habría detraído a las familias" de los alumnos a través de las cuotas de comedor.
Pese a no haber constatado elementos de complicidad con las empresas en los sucesivos equipos de gobierno, el dictamen sí considera "acreditada" la existencia de "responsabilidades políticas".
Dichas responsabilidades, según se indica en el informe, corresponderían a "las personas que entre 2003 y 2017 han ocupado la Dirección de Gestión Económica, la Viceconsejería de Administración y Servicios, y la Consejería del Departamento".
"FALTA DE RESPUESTA"
El dictamen considera a dichas personas --a las que no se cita por sus nombres-- como "responsables de la inacción pasada de la Administración ante indicios de concertación de las empresas y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración".
Pese a que en el dictamen no se identifica específicamente a las personas a las que se atribuyen estas responsabilidades políticas, la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu), ya precisó el pasado mes de junio que ellas se encuentran los cuatro consejeros que han estado al frente del Departamento de Educación durante el periodo investigado. Se trata de Anjeles Iztueta y Tontxu Campos (ambos de EA, formación actualmente integrada en EH Bildu), Isabel Celaá (PSE-EE) y la actual consejera, Cristina Uriarte (PNV).
"CAMBIOS RELEVANTES"
En el informe aprobado este martes también se reclama la adopción de medidas que permitan introducir "cambios relevantes" en el sistema de gestión directa de comedores escolares, con el fin de reforzar la transparencia y los sistemas de control y seguimiento de las adjudicaciones.
Por parte de los grupos que han respaldado el informe, la parlamentaria de EH Bildu Eva López de Arroyabe ha subrayado el trabajo "serio" realizado por la comisión de investigación que ha estudiado este caso.
La representante de la coalición soberanista ha afirmado que la labor del Parlamento ha sido un ejercicio de "transparencia" que ha servido para constatar la "inacción política" ante las irregularidades detectadas.
Desde Elkarrekin Podemos, Jose Ramón Becerra ha subrayado que en este caso ha quedado acreditado el "quebranto" económico causado a la Administración y a las familias, así como la "mala gestión del servicio" durante el periodo investigado.
El representante del Elkarrekin Podemos ha denunciado la actitud de las empresas implicadas, que "se repartieron el mercado para alterar al alza los precios de los menús para obtener un beneficio ilícito".
ACTITUD "LAMENTABLE"
El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha asegurado que este es "un buen dictamen", que se ha elaborado "sin acritud" y con un espíritu "constructivo". Barrio ha considerado que "un mayor control" por parte del Gobierno vasco podría haber "evitado" el perjuicio generado por la concertación ilegal" entre las empresas que prestaban este servicio.
Además, ha reprochado al PNV su "lamentable" actitud durante el debate, y ha acusado a los jeltzales de limitarse a realizar una "retahíla de descalificaciones" para no entrar "en el fondo" del debate.
Desde las formaciones que apoyan al Gobierno, David Latxaga (PNV) ha denunciado el "esperpento" y el "despropósito" que, según ha dicho, han protagonizado los grupos de la oposición, al utilizar este asunto con el único objetivo de "desgastar" el Ejecutivo.
"Se les ha acabado el chollo; no van a poder exprimir más este tema", ha afirmado, tras lo que ha cuestionado la solvencia del informe aprobado y ha destacado que la cifra de 80 millones de euros quebranto económico de los que se habla en el dictamen "no está basada" en estudio alguno.
"PACTO" DE PP Y EH BILDU
En una línea similar, el parlamentario del PSE-EE Jose Antonio Pastor ha acusado a la oposición de crear un debate "falso", sustentado en "muchas inexactitudes" en relación a este asunto. Pastor ha reconocido que en el servicio de comedores se produjeron prácticas "francamente mejorables", aunque "no delictivas"; y ha negado que las familias hayan tenido que pagar más por el acuerdo ilegal alcanzado entre las empresas.
Además, ha denunciado que mientras el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha llegado a acusar al PSOE de pactar "con quien tiene las manos manchadas de sangre", en referencia a EH Bildu, los 'populares' vascos "pactan con esos mismos señores" para aprobar este dictamen.
