a seis meses

Inspección amplía el plazo para que Gobierno vasco reforme los Seat León de la Ertzaintza

Establece que el Departamento, en adelante, cuente con los  representantes legales de los trabajadores en la elección del equipo  de trabajo

09.02.2020 | 03:49
Un coche de la Ertzaintza entra en el garaje del juzgado donde ayer comenzó el juicio.Foto: Oskar M. Bernal

Para relizar las modificaciones necesarias que garanticen que la seguridad y salud

BILBAO. La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Pres, establece,  asimismo, que, en adelante, el Departamento de Seguridad debe  consultar a los representantes legales de los trabajadores para la  elección de los equipos de trabajo, algo que, en esta ocasión, ha  omitido.

ErNE denunció la adquisición de los coches de la marca Seat León  como vehículo policial, al no cumplir los requisitos mínimos  exigibles para ser utilizados en la jornada laboral. La Inspección  dio la razón a la central al considerar que estos coches patrulla  eran pequeños, los agentes tenían dificultades para entrar, la cabeza  les rozaba con el techo y las rodillas con el salpicadero.

Por ello, en una propuesta de requerimiento pidió al Departamento  que subsanara las irregularidades detectadas y le dio un plazo de  tres meses para decidir si cambiaba los vehículos. Ahora, en su  resolución definitiva, fechada el 30 de abril, Trabajo responde a las  alegaciones presentadas por el Ejecutivo, que rechaza, y considera  que el Gobierno Vasco no parece estar disconforme con las medidas  técnicas y organizativas que sirvan para "paliar o reducir los  riesgos ergonómicos detectados" en los Seat León con mampara.

En todo caso, cree que discrepa de los plazos para implantar las  medidas que supongan modificaciones en los coches, por lo que se  amplía el plazo marcado a seis meses.

REPRESENTACION DE LOS SINDICATOS

En cuanto a la participación de la representación social en la  elección de los vehículos, el requerimiento se refiere al argumento  esgrimido por la Administración sobre que se tuvieron en cuenta, en  las bases técnicas establecidas para su adquisición, las experiencias  y aportaciones previas de esta parte en la utilización de otros  vehículos.

"Tal consideración no suple el derecho que asiste a los Delegados  de Prevención a ser consultados con carácter previo en cada nuevo  proceso de elección de un equipo de trabajo que pueda tener  consecuencias sobre la seguridad y salud de los trabajadores",  apunta. En este sentido, destaca que este "derecho fue omitido" en  este caso, y no puede darlo por cumplimentado por lo alegado por el  Gobierno Vasco.

Por ello, determina que el Ejecutivo deberá adoptar las medidas  preventivas técnicas y organizativas que resulten "procedentes y  viables" para garantizar que los Seat León ni supongan un riesgo para  la seguridad ni la salud de los trabajadores, en el plazo de seis  meses "si resultasen necesarias modificaciones técnicas, y con  carácter inmediato en el caso de las medidas organizativas". "En lo  sucesivo, deberá respetar los derechos de participación y consulta de  los representantes legales de los trabajadores en la elección de los  equipos de trabajo", apunta.

LEY DE PREVENCION DE RIEGOS LABORALES

Inspección se refiere también a la alegación del Departamento de  Seguridad de no recocimiento de la aplicación de Ley de Prevención de  Riesgos Laborales 31/1995 al colectivo, en concreto, al hecho de que   destaque que, "en el caso concreto de la Ertzaintza, no existe, a la  fecha, normativa específica de aplicación en materia de seguridad y  salud".

En esta línea, Trabajo recuerda al Gobierno vasco que éste es un  derecho que asiste a cualquier trabajador, tal como apunta toda la  jurisprudencia existente y de cuyo conocimiento debería ser  conocedor.

"Mientras no se vea comprometido el cumplimiento de las medidas  indispensables para la protección de la vida, de la salud y de  seguridad colectiva, debe prevalecer la observancia de la directiva  para garantizar la seguridad y salud de los agentes del Cuerpo de  Policía", apunta.
Por ello, cree que, en aplicación del criterio jurisprudencial,  "resulta justificada la exigencia del cumplimiento de la normativa  vigente en materia de seguridad y  salud laborales".