Madrid - El buscador más popular del mundo, Google, ha recibido en España, durante los últimos cinco años, casi 80.000 solicitudes -más de 800.000 en Europa- de personas que han pedido que elimine direcciones (URL) que consideran inadecuadas o irrelevantes, y ejercer así su derecho al olvido y a borrar su huella digital.

Los datos, recopilados a partir del propio informe de transparencia que Google actualiza y publica cada día, revelan que los usuarios europeos han reclamado la retirada de 3.129.077 direcciones, de las cuales se han eliminado el 44,6%, 1.200.746 enlaces. En el Estado español, los ciudadanos han pedido que se borraran 249.376 URL y de hecho se han retirado el 37,9%, 81.837.

Las cifras de Google comenzaron a ser registradas el 25 de mayo de 2014, solo doce días después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Precisamente la semana pasada se cumplieron cinco años de aquel fallo, que reconoce el derecho al olvido de las personas y el derecho de estas a pedir a los buscadores de Internet que supriman ciertas direcciones cuando consideren que son “inadecuadas, irrelevantes o excesivas”.

Según el propio buscador, las solicitudes para eliminar enlaces se estudian una a una y en algunos casos se pide más información al demandante, y cada una de ellas se somete a una revisión “manual”.

Entre los factores más comunes que justifican la retirada de una URL está la ausencia “clara” de interés público, información sensible -orientación sexual, raza, etnia, religión y afiliación política o sindical-, contenido relacionado con menores y condenas o antecedentes prescritos, exoneraciones y fallos absolutorios.

negativa de la empresa La empresa puede decidir no retirar las páginas y alega para ello factores como la existencia de soluciones alternativas, razones técnicas o que las URL estén duplicadas, y en algunos casos argumenta que la dirección cuya eliminación se ha pedido contiene información de “gran interés público”.

Para esto último, el equipo que lo analiza tiene en cuenta varios factores para tomar esa decisión “tan compleja”, y cita entre estos que el contenido esté relacionado con la vida profesional del solicitante, con un delito pasado, con un cargo público, que se trate de un persona con un papel destacado en la vida pública o que el contenido en sí mismo sea de documentos gubernamentales o material periodístico.

Por ejemplo, Google retiró, a petición de un ciudadano español, un archivo de noticias según el cual el afectado figuraba en el registro de la Policía como culpable de haber atropellado con su coche a otra persona y de haberla matado hace cincuenta años. El buscador optó por retirarlo debido al tiempo que había transcurrido desde el accidente.

ACTIVIDAD ANTERIOR Por contra, recibió una solicitud de una persona para que se eliminara una noticia de 1994 y una publicación de un foro de 2007 sobre su actividad anterior como líder del brazo político de una organización que su Estado consideraba terrorista. No se retiró por razones de interés publico.

Fuentes del propio buscador han aclarado que el “derecho al olvido”, en aplicación de esta sentencia, solo tiene efectos en Europa.

El país europeo donde se han registrado más número de cancelaciones es Francia, con 177.302 peticiones de anulación de 626.582 enlaces. España ocupa el cuarto lugar.- Efe