MADRID. Según han informado ambas instituciones en una rueda de prensa conjunta, del total defraudado 45 millones afectan a las arcas públicas del Estado, donde ha habido detenidos en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, la CAV, Nafarroa, Murcia, Pontevedra y Catalunya.
Además, se han realizado 62 entradas y registros en el Estado y otros 39 en diferentes puntos de Europa.
La organización, compuesta por ciudadanos españoles, italianos y portugueses, llegó a emitir facturas falsas por importe de 250 millones a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias o a nombre de testaferros asentadas en el Estado español, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre.
Los criminales estaban especializados en la defraudación del IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos (auténticos y falsificados) que se introducían en el Estado y se destinaban al consumo a precios anormalmente reducidos a costa del impago de ese impuesto.
La organización, que contaba con dos centros neurálgicos en Madrid y Elche, estaba presuntamente dirigida desde el Estado español por dos hombres -padre e hijo- de origen indio y nacionalidad española que llevaban operando más de nueve años en Europa.
El falso entramado empresarial no solo estaba al servicio del fraude del IVA en productos electrónicos, sino que también introducía en el Estado vehículos de alta gama más baratos, debido igualmente al impago del IVA.
La operativa de blanqueo de capitales era variada, con inversiones inmobiliarias, compraventa de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual en el Estado, Estados Unidos y Hungría.
La investigación, que ha durado tres años, ha requerido de la coordinación internacional, tanto a nivel policial a través de Europol como en el ámbito judicial a través de Eurojust.
