Donostia - La Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman diez años de cárcel para el abogado Miguel Alonso Belza como presunto autor de un delito de maltrato habitual a su excompañera sentimental, cinco de maltrato no habitual, un delito de lesiones y otro de coacciones leves. Además de estas penas de cárcel, el Ministerio Público pide que el letrado no pueda aproximarse a su víctima ni comunicarse con ella durante 19 años y que la indemnice con 4.790 euros por las lesiones sufridas y los daños morales ocasionados.

Alonso Belza es conocido por haber representado a la familia de Nagore Laffage, víctima de un asesinato machista en Sanfermines de 2008, además de haber sido abogado del turno de oficio de Violencia Contra la Mujer de Gipuzkoa y haber participado en diversos asuntos judiciales de relevante eco mediático en Euskadi. Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los hechos se produjeron a partir de agosto de 2015, cuando la víctima le manifestó su deseo de finalizar la relación que ambos habían iniciado medio año antes. El inculpado mantuvo entonces una actitud presuntamente “autoritaria y agresiva” hacia la mujer con la intención de “doblegar su voluntad” para que “continuara su relación”.

El documento del Ministerio Público, fechado el pasado 10 de enero, detalla distintos episodios concretos de supuestos malos tratos físicos y amenazas que causaron a la perjudicada “una situación de gran temor hacia el encausado”. El escrito concreta además una serie de acciones violentas presuntamente cometidas por el letrado en el domicilio de su exnovia, en un hotel de Donostia, en un bar de la capital guipuzcoana, y en unas vacaciones. Como consecuencia de estos hechos el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Donostia emitió una orden de protección a favor de la víctima que impedía al acusado aproximarse o comunicarse con ella y que, presuntamente fue vulnerada por el letrado, quien se encuentra procesado por este mismo juzgado por un posible delito continuado de quebrantamiento de esta medida cautelar. En este caso, el juzgado le inculpa por haber llamado supuestamente en cuatro ocasiones a su excompañera desde distintas cabinas telefónicas de Donostia -mientras se instruía la causa principal- “siendo plenamente consciente” de la vigencia de la citada prohibición judicial. Asimismo, el abogado se habría comunicado con la víctima a través de una tercera persona a la que habría dado distintos mensajes para ella, tanto en persona como por teléfono y por mensajes.

Juan Román Zubillaga, abogado defensor de Alonso Belza, recordó ayer que las dos causas, tanto la abierta por el quebrantamiento como la iniciada por los supuestos delitos de maltrato, se encuentran recurridas ante la Audiencia de Gipuzkoa, y pedirá la absolución de su defendido. - Efe