Bilbao - Tras el anuncio por parte del nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, de su intención de “dar un impulso determinante” a las obras de la Y ferroviaria vasca, solo queda esperar que esa voluntad se materialice en una nueva licitación de los tramos que componen el nudo de Bergara, en el desbloqueo de los kilómetros en ejecución entre Gasteiz y Bilbao -acompañado de una reactivación de las inversiones públicas en el trazado de alta velocidad- y en el diseño de la entrada del TAV en las capitales. Sin embargo, el Ministerio de Fomento -según ha adelantado el propio De la Serna- se verá afectado por los fuertes recortes que se aplicarán en los Presupuestos generales del Estado para 2017, lo que arroja dudas sobre cuáles serán sus prioridades en materia de infraestructuras. Lo que sí se sabe es que, al margen de las apreturas presupuestarias, en las nuevas adjudicaciones de obra pública no se primará la oferta económica ni los proyectos low cost.

La repetición de los concursos para adjudicar la realización de las obras de la parte central de la Y vasca se realizará, previsiblemente, bajo el marco de una nueva ley de contratación pública que evitará los errores que condujeron a la paralización y posterior cancelación de los contratos con las empresas constructoras que se adjudicaron los cinco tramos del nudo de Bergara.

Las obras de construcción de esos tramos habían sido presupuestadas por Adif en 557,8 millones de euros (460,7 millones sin IVA), pero se adjudicaron por 288,6 millones (238,5 millones de euros netos) a varias UTE (Unión Temporal de Empresas) de firmas constructoras. Para ganar la licitación estas empresas aseguraron poder realizar los trabajos previstos para la plataforma ferroviaria que unirá los tres brazos de la Y vasca por poco más de la mitad -el 51,7%- del presupuesto. Estas adjudicaciones con rebajas de precios consideradas temerarias han terminado por ser anuladas para proceder a una revisión de proyectos y a repetir la licitación, ya que las obras no dieron comienzo o se paralizaron nada más empezar para solicitar revisiones presupuestarias -cambios conocidos como modificados-. El retraso a causa de los sobrecostes en las obras del nudo de Bergara ha lastrado el proyecto del tren de alta velocidad en Euskadi y ha sumado años a la fecha prevista de puesta en marcha, pero no es un caso único: el año pasado en el Estado español se paralizaron más de 30 obras en líneas de alta velocidad ferroviaria por el impedimento legal de firmar modificados superiores al 10% del precio de adjudicación.

Según ha adelantado el ministro de Fomento, ya se están redactando los nuevos proyectos para el nudo de Bergara, que reducirán de cinco a tres los tramos en los que se dividirá el trazado. La intención del Ministerio es tener concluidos los proyectos este verano para poder sacarlos a licitación antes de que acabe el año.

Contratos públicos Tanto las adjudicaciones de proyectos con rebajas de casi el 50% como las paralizaciones de obra por el conflicto de los modificados son consecuencia de una adaptación de la legislación de contratación pública que sobreponderaba la oferta económica en detrimento de los valores técnicos. Un marco legal que ha permitido el desarrollo durante varios años de una política de infraestructuras de bajo coste y que está a punto de cambiar.

El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que se encuentra en tramitación parlamentaria urgente, establecerá nuevos criterios de adjudicación que darán prioridad a la calidad, la inclusión de consideraciones medioambientales y aspectos sociales, así como la innovación. Así, cuando Fomento finalmente vuelva a licitar las obras del nudo de Bergara el proceso estará regulado por nuevas normas de contratación pública que transponen directivas europeas -Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014- y que, entre otras cuestiones, plantean valorar las ofertas pensando más en la calidad que en el precio.

Según señalan las directivas europeas, “los estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso sólo del precio o del coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen adecuado”. De hecho, la nueva ley establece en su preámbulo que “se endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas anormalmente bajas”. Los aspirantes a hacerse con un contrato público que oferten precios por debajo de lo licitado deberán justificar el ahorro con respecto al precio marcado por el organismo licitador para demostrar que es posible ejecutar el proyecto. Además, la nueva norma prevé que se establezcan los límites específicos de las bajas en los pliegos cuando el precio es el único criterio para la adjudicación. Cuando hay más requisitos, también deberán especificarse esos límites, que pueden invalidar la oferta de la empresa por incurrir en una baja desproporcionada o anormalmente baja.

Además de incluir los factores de calidad, sostenibilidad e innovación como criterios de peso en la valoración de las ofertas, está previsto que la nueva normativa sobre contratación pública eleve el límite para las ampliaciones en los presupuestos de ejecución de las obras del actual 10% sobre el montante de la adjudicación a un máximo del 50%.

Antes incluso de la aprobación definitiva y entrada en vigor de esta Ley de Contratación del Sector Público, la transposición directa de las directivas europeas puso las bases para acabar con la guerra de precios en el sector de las grandes constructoras. Las directivas europeas dicen expresamente que la práctica común en la contratación debe ser reconocer la aportación técnica en las ofertas sobre el apartado económico, como reconocimiento del valor del trabajo intelectual de ingenierías y constructoras.

Menos licitaciones Los recortes presupuestarios traducidos en contratos low cost y que han derivado en la paralización de numerosos proyectos, también están detrás de la caída histórica registrada por la licitación de obra pública durante el ejercicio 2016. Según los datos oficiales, entre enero y noviembre del año pasado las distintas administraciones licitaron obras por 8.352 millones de euros, un 5% menos que un año antes. Entre los años 2009 y 2015 la inversiones de Fomento han registrado una reducción del 88%. El sector constructor estima que en todo el ejercicio 2016 la licitación de obra pública se quedó en 9.100 millones de euros, que es el volumen más bajo de la última década. La promoción de obra pública ha estado lastrada, fundamentalmente, por el parón en la construcción de las líneas de alta velocidad ferroviaria, que cerraron el año con un desplome del 78%.

Se estima que la licitación de nuevas obras de construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad (AVE) cerró el ejercicio 2016 en unos 263 millones de euros, su volumen más bajo desde al menos 2005 y una cifra muy alejada del máximo de 5.253 millones de euros contabilizado en 2009, pero también del anterior mínimo: los 1.223 millones de 2015. Y eso a pesar de que Adif Alta Velocidad tenía para el año pasado un presupuesto de 3.686 millones de euros para completar la red de alta velocidad.

La conclusión de algunas líneas en construcción, la paralización de otras al surgir distintos problemas, el periodo de casi un año de interinidad del Gobierno español y las exigencias que impone el objetivo de déficit figuran entre las causas de este parón en el AVE.