Las posturas en torno al futuro de la central nuclear de Garoña permanecen como las temperaturas que está sufriendo estas jornadas el territorio alavés, totalmente congeladas. Mientras el dictamen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe emitir sobre la posible continuidad de la planta sigue haciéndose esperar, la empresa propietaria de Garoña, Nuclenor, no observa “ningún impedimento técnico” para que esta vuelva a reengancharse a la red eléctrica. Y en ese contexto, colectivos como Araba sin Garoña vuelven a alertar de que la noticia de la reapertura puede saltar en cualquier momento, conocida además la postura proclive del Partido Popular a alargar su vida útil. Las incógnitas que rodean al proceso permanecen, con todo, inalterables, dada la mayoría minoritaria que ahora ostenta en el Congreso de los Diputados la formación conservadora.
Las pocas realidades tangibles a día de hoy son que el Ministerio de Industria se encuentra a la espera de recibir el informe del CSN sobre Garoña, que en caso de ser negativo precipitaría su clausura definitiva, y que el CSN sigue aguardando a que Nuclenor ejecute varios cambios de diseño en la planta antes de emitir ese documento. Modificaciones que, a pesar de haber invertido más de 300 millones de euros desde 2012 en el mantenimiento de la central, aún no ha llevado a cabo la propietaria, lo que añade un poco más de suspense al cóctel.
Así lo aseguró en octubre ante el Congreso el presidente del CSN, Fernando Martí, quien desveló que el órgano regulador ya ha evaluado todos los documentos oficiales remitidos por Nuclenor para la reapertura de la central pero todavía se encuentra a la espera de que esta “cumpla las condiciones” que le puso en su día para autorizarla, tales como el cambio del sistema de tratamiento de gases de reserva o la separación de trenes eléctricos, que provienen de la autorización de explotación vencida.
Más de tres meses después de esa comparecencia, fuentes del CSN aseguran a DEIA que la posición del organismo “no ha variado” respecto a lo que Martí expresó en el Congreso. “Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo y estamos pendientes de algún documento y papel más. No se puede hablar de plazos y presupuestos, porque son cosas que no pueden comprometer la seguridad”, advierten los mismos medios. Sin embargo, estos deslizan también que la emisión de este informe “puede ser en cualquier momento”. Algunos medios de comunicación estatales, de hecho, han sugerido en los últimos días que el dictamen podría llegar este mismo mes de enero. No obstante, cabe recordar que la decisión final sobre la reapertura de Garoña será exclusivamente política, porque va a corresponder al propio Ministerio de Industria.
evaluación “exhaustiva” Si fuese por Nuclenor, como es obvio, Garoña podría volver a estar operativa “con alguna modificación” de forma inminente, tal y como aseguró recientemente en una jornada sobre tecnologías energéticas el presidente de Nuclenor, José Ramón Torralbo. No en vano, a su juicio, tras más de dos años de evaluación “exhaustiva” de Garoña no existe “impedimento técnico” para que la planta pueda seguir operando “con alguna modificación”. Torralbo también llegó a remarcar que la vasija de la central “tiene una vida útil de entre 80 y 90 años”.
El también máximo responsable de la Sociedad Nuclear Española pidió que “no se interfiera” en la decisión del CSN en torno a Garoña e incluso reconoció que en el proceso hay “incertidumbres”, que al margen del informe del órgano regulador y la postura final del gobierno español no son otras que la política energética futura que se establezca en el Estado. “Si se propusiera limitar a 40 años la vida útil, no cabría más que hablar”, remarcó Torralbo. Cabe recordar que la solicitud de reapertura de Garoña se extiende hasta el año 2031, lo que convertiría en sexagenaria a la que ya es la central más antigua del parque nuclear estatal.
En este contexto, la parte social que durante tantos años ha luchado para propiciar el cierre definitivo de la planta se mantiene expectante ante estos últimos movimientos. Alberto Frías, portavoz de Araba Sin Garoña, no alberga “ninguna duda” de que el informe del CSN, cuando llegue, será favorable a los intereses de la central. “La duda está en cuáles van a ser los condicionantes técnicos y los plazos para ponerlos en marcha”, matiza en declaraciones a este periódico. Para Frías, sin embargo, “la pelota no está en el tejado del CSN, sino del gobierno y de quienes se presentaron a las elecciones”. Araba Sin Garoña ha mantenido esta semana un encuentro para hacer “un análisis de la situación” en un contexto de escasos acontecimientos, en el que según Frías “los plazos no están ya agotados, sino escandalosamente agotados”.
Por de pronto, Araba Sin Garoña se concentró el pasado 28 de diciembre ante la puerta de la sede del PP en Gasteiz para reclamar al resto de partidos políticos que “aíslen” a los populares como medida de presión y supediten cualquier acuerdo presupuestario con esta formación al cierre definitivo de Garoña. “No valen más declaraciones, mociones o proposiciones no de ley. No vamos a admitir ninguna actitud tibia que no ponga encima de la mesa el cierre de Garoña”, aseguró entonces el propio Frías, quien insistió en que existe “una mayoría social e institucional que apuesta por el cierre”. “Si los partidos que se comprometieron a no reabrir la central pactan con quien plantea reabrirla estarán desoyendo la voluntad popular”, insistió el portavoz de Araba Sin Garoña.
