Burgos - Centenares de ecologistas, muchos de ellos disfrazados de zombis, participaron ayer en cinco carreras para protestar contra una “energía nuclear zombi, que tecnológicamente es algo del pasado pero que no se acaba de terminar”, en opinión de la portavoz de Greenpeace para temas nucleares, Raquel Montón. Las carreras organizadas por Greenpeace se desarrollaron bajo el título Nuclear Running Dead en Miranda de Ebro, l’Ametlla de Mar (Tarragona), Gárgoles de Abajo (Guadalajara), Trujillo (Cáceres) y Valencia, cinco de las seis provincias en las que hay centrales nucleares.
La portavoz ecologista insistió en que “no se trata de una protesta o manifestación”, sino de un acto reivindicativo y solidario, porque la cuota para participar fue de 5 euros, de los cuales la organización se ha comprometido a donar un euro a la asociación vasca Chernobil Elkartea, que atiende a los niños afectados por el desastre nuclear de Chernóbil.
Las carreras tuvieron un doble recorrido: uno de cuatro kilómetros y otro de diez, aunque “muchas personas han aprovechado para acercarse al lugar y pasear o simplemente sumarse a la crítica contra las centrales nucleares”. Montón se mostró convencida de que la energía nuclear está “acabada” a pesar de los esfuerzos del sector y sus beneficiarios para mantenerla viva. “Es igual que un zombi, aunque la diferencia es que se mantiene vivo a base de mentiras y medias verdades”, afirmó la portavoz ecologista.
En este sentido, explicó que los partidarios de mantener las centrales nucleares aluden a que suponen una gran cantidad de puestos de trabajo, pero un informe encargado por Greenpeace concluye que el desmantelamiento de las nucleares españolas generaría unos 300.000 empleos. Según Montón, parte de esos puestos de trabajo, unos 100.000, estarían directamente vinculados al desmantelamiento de las centrales durante dos décadas. “Cerrar las centrales nucleares sería una oportunidad económica y social y, además, es algo inevitable, solo falta saber cuándo se producirá”, aseguró.
Problemas Montón advirtió también del problema que puede generar ese desmantelamiento por la falta de previsión de los fondos suficientes, que consideró que tendrían que estar aportando quienes están obteniendo los beneficios, que son las compañías eléctricas. Según el Plan General de Residuos Nucleares elaborado por la empresa pública Enresa, el coste aproximado de la gestión de residuos de las centrales nucleares para los cuarenta años siguientes a su desmantelamiento sería de 20.200 millones de euros, pero “solo el 30% de esa cantidad está realmente asegurada en el fondo”, señaló Montón, para quien el problema es que el fondo no está bien diseñado y las compañías eléctricas no están aportando suficiente dinero. - Efe
