Bilbao - La negociación iniciada hace cinco meses entre el Gobierno vasco y el español para resolver sus discrepancias en torno a un artículo de la nueva Ley de Derecho Civil Vasco ha acabado en acuerdo. Esto implica que Madrid no planteará un recurso de inconstitucionalidad y que queda reconocida la competencia exclusiva de Euskadi en la regulación de las relaciones civiles de sus ciudadanos y la del Parlamento Vasco para decidir el ámbito territorial afectado por la Ley de Derecho Civil.
En el plano práctico, el acuerdo supone que cuando una persona residente en Euskadi fallezca sin dejar testamento, ni personas herederas legítimas -situación que se denomina sucesión abintestato- será la Administración General de Euskadi quien herede los bienes de esa persona. La Administración vasca será a su vez la encargada de repartir los bienes a partes iguales entre ella misma, la Diputación del territorio y el municipio en el que el fallecido haya tenido su última residencia, de tal forma que a cada una de estas instituciones les corresponda un tercio de lo heredado.
La controversia resuelta ahora tras largas negociaciones surgió el pasado verano cuando el Gobierno español amenazó con recurrir ante el Tribunal Constitucional el artículo 117 de la Ley de Derecho Civil por entender que las instituciones vascas solo podían ser beneficiarias de las herencias procedentes de una ‘sucesión abintestato’ en las zonas geográficas regidas por el Fuero de Bizkaia, donde antes de la aprobación de la nueva Ley ya se establecía que esas herencias quedaban en manos de la Diputación Foral. El Gobierno español argumentaba que el legislador vasco se había extralimitado al extender ese principio a todos los territorios y a toda la población de la CAV. En su opinión, los ciudadanos no afectados por el Fuero de Bizkaia debían regirse en este asunto por el Código Civil y, por tanto, si fallecían sin testamento ni herederos, su herencia debería engrosar las arcas del Estado. Finalmente, el Estado ha admitido la competencia del Parlamento de Gasteiz para decidir el ámbito territorial de aplicación de las medidas contenidas en la Ley de Derecho Civil.
Los boletines oficiales del Estado y del País Vasco han publicado hoy lunes, el acuerdo alcanzado por los Gobiernos vasco y español en el seno de la comisión bilateral Estado-País Vasco para interpretar el artículo 117 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. La ley extiende los beneficios y peculiaridades del Derecho Foral a todos los ciudadanos de la CAV y regula, sobre todo, en materia sucesoria y matrimonial.
Lakua afirma que el acuerdo, firmado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “es importante porque el Gobierno español reconoce que la competencia para desarrollar el derecho civil vasco, es exclusiva de Euskadi, tal y como señala el artículo 10.5 del Estatuto de Gernika. Además, respeta la capacidad del Parlamento vasco para decidir el ámbito territorial afectado por la nueva Ley de Derecho Civil vasco”.
En este sentido, lamenta que hayan sido necesarios cinco meses de negociación bilateral para que el Gobierno español reconozca una competencia claramente recogida, desde hace casi 30 años, en el Estatuto de Gernika. Además, el Gobierno vasco recuerda que esta ley nació a iniciativa de la mayoría de los grupos parlamentarios. El departamento de Justicia añade que “el Gobierno vasco ha conseguido que se respete la normativa aprobada de forma mayoritaria por la Cámara vasca que dispone que la Administración General de la Comunidad del País Vasco sustituya al Estado y a la Diputación correspondiente como beneficiario para todos los casos de sucesión legal o intestada”.
