BILBAO. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha anulado las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios de Ipar Kutxa Rural al considerarlas abusivas por falta de transparencia y ha obligado a la entidad a devolver a los clientes el dinero que abonaron en este concepto. El juzgado aplica así la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco a suprimir de sus contratos estas condiciones. En este caso concreto, en el que los demandantes son veinte afectados, la hipoteca de Ipar Kutxa tenía un suelo entre el 3% y 4% y un techo en el 15%.

La sentencia, que ha sido tramitada por los servicios jurídicos de Adicae, establece que las cláusulas suelo de Ipar Kutxa adolecen de falta de información y se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y "como aparente contraprestación de las mismas". También determina que no existen simulaciones de los escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar y no hay información previa "clara y comprensible" sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad o advertencia de que el concreto perfil del cliente no se le ofertan las mismas.

decreto contra los desahucios Por otra parte, el Gobierno Rajoy ha decidido presentar recurso de constitucionalidad contra el decreto andaluz sobre desahucios por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que, previamente, se pedirá un informe con carácter de urgencia sobre este asunto al Consejo de Estado, que tiene quince días para responder.

Después de la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría detalló que el recurso puede ser contrario a varios artículos de la ley andaluza de la vivienda y de la disposición adicional segunda del decreto ley que permite la expropiación temporal del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria. Sáenz de Santamaría, que recordó que la UE ha puesto en duda este decreto y manifestó su preocupación, señaló que el Ejecutivo entiende que la medida afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma que está reservada a las Cortes Generales.