BILBAO. Ambos acusados se sentarán en el banquillo desde el viernes 14 de septiembre hasta el 4 de octubre por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento, en un juicio con jurado popular en el que se ha llamado como testigo al ex rector Manuel Montero, que en el año 2000 ordenó investigar la gestión de los acusados.
El escrito del fiscal, en el que se pide para los acusados una pena de 10 años de prisión y 14 de inhabilitación, además de una indemnización de 750.000 euros, afirma que entre 1994 y el 2000, Goiriena "aprovechó" su cargo como decano y "su condición de hermano" del entonces Rector de la UPV-EHU, para destinar a dinero de la universidad a sus fines particulares.
Asegura que lo hizo tras ponerse de acuerdo con la acusada y que para ello, emitieron una serie de documentos y facturas falsas con las que intentar hacer ver que el dinero se destinaba a la actividad universitaria.
Entre otras irregularidades, el fiscal recoge, que ambos pagaron con dinero de la Facultad de Medicina y Odontología los servicios de una abogada y lograron así que se retirara un recurso contra el nombramiento de la acusada como catedrática.
Un denunciante había pedido la anulación de ese nombramiento "por la vinculación afectiva" que mantenían Goiriena, como presidente del tribunal, y M.B., como opositora.
Además, había constatado que ambos estaban vinculados como accionistas de la misma sociedad mercantil.
Los dos acusados crearon, según el Ministerio Fiscal, varias "sociedades-pantalla" sobre productos dentales o de estética, a través de las cuales obtenían beneficio de los fondos públicos desviados.
En este proceso, la Universidad del País Vasco se ha personado como acusación particular y un colectivo de profesores de la Facultad de Medicina ha asumido la acusación popular.
LA DEFENSA DE GOIRIENA
Por su parte, la defensa de Goiriena y Barranquero niega todas las imputaciones realizadas por la acusación, entre ellas la relación directa del decano con dos de las sociedades presuntamente implicadas en el caso, siendo mero socio de las otras dos.
También sostiene que la Universidad nada tiene que reclamarles por estar acreditado que cobró el 10% del canon que le pertenece de los másteres, cursos de especialización y convenios para los que los dos acusados prestaron servicios. Y añade que todos estos cursos se desarrollaron a satisfacción de los organizadores y contables de los mismos: Instituto de Epidemiología, Departamento de Interior del Gobierno vasco y Ayuntamiento de Gasteiz.
Para la defensa resulta llamativo que una instrucción de un asunto de relativa sencillez se haya demorado doce años, puesto que la denuncia la efectuó el por entonces rector Manuel Montero el año 2000. Los hechos objeto de investigación ocurrieron entre los años 1994 y 1999.
