Madrid. Con 39 años, Antonio Barroso se enteró de que sus padres no eran sus padres biológicos. Había sido adoptado. Pero su adopción no fue normal. Sus padres lo compraron en 1969 en Zaragoza por una cantidad de dinero tan elevada que les habría permitido adquirir una vivienda. Aunque él siempre había tenido sospechas, fue su amigo Juan Luis el que se lo confirmó. En su lecho de muerte, su padre le hizo una confesión: "Imagino que ya sabías que no eres mi hijo, pero ahora te lo confirmo. Fuimos a comprarte a Zaragoza, por 150.000 pesetas, y los padres de Antonio hicieron lo mismo".
"Mi partida de nacimiento fue falsificada, pues consta que soy hijo biológico y pude comprobar que eso no era cierto". Barroso califica su vida de "mentira". "No sé ni el día en que nací", dice. Y "no es lo mismo saber que te adoptaron a que te robaron a una madre". Sus padres, sostiene, sabían que habían comprado a un bebé, pero no que ese niño había sido robado.
Casos como el suyo ocurridos en España desde el comienzo de la dictadura franquista (1939-1975) podrían superar los 300.000. Así lo estima la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que preside Barroso y que creó junto a su amigo Juan Luis para luchar por saber la verdad sobre uno de los asuntos más opacos de la reciente historia española.
Ayer presentaron una denuncia conjunta de 261 personas ante la Fiscalía General del Estado, en Madrid, en la que piden la investigación de la desaparición de niños durante la dictadura y la incipiente democracia española. Aseguran que existen indicios de tráfico de niños y falsificación de documentos públicos, de simulaciones de partos y de secuestros y detenciones ilegales, delitos que no prescriben.
En caso de que la denuncia no prospere los afectados acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Ocurrió en todas las comunidades. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago e inscripción como hijo propio", no como adoptado, explica el abogado de Anadir, Enrique Vila. El letrado, él mismo adoptado, lleva años tratando de ayudar a centenares de personas en la búsqueda de sus padres biológicos.
"Depuración política" El robo de niños comenzó en España como una "depuración política" tras la guerra civil: hasta 30.000 madres vieron cómo les arrebataban a sus hijos por ser republicanas con el objetivo de que los niños fueran educados en la afección al régimen franquista, unos hechos a los que ya apuntó el juez Baltasar Garzón durante su fracasada investigación del franquismo. "Había casos de mujeres embarazadas que estaban condenadas a muerte. A veces esperaban a que naciera el niño y horas después se las fusilaba", según el historiador catalán Ricard Vinyes.
Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuando en las cárceles dejó de haber mujeres con hijos, la dictadura fue a buscar a expresas y esposas de presos y expresos en las maternidades. "Allí continuaron su labor represora". Pero luego, ese robo de niños continuó "como negocio", según Vila. Un negocio en el que estarían implicadas religiosas que trabajaban en las clínicas y personal sanitario como médicos, matronas y enfermeras. "Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños", dice Vila.
