Bilbao. El empeño del consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, por acabar con el "monopolio" de la empresa Medical Dom en la gestión del servicio de urgencias a domicilio puede suponer un pico importante para el erario, en concreto 270.000 euros al año de sobrecoste para las arcas públicas. La decisión de sacar a concurso el servicio y la reciente adjudicación del mismo a otras dos empresas, Servicios de Hospitalización Domiciliaria (SHD), integrada en el grupo Gasmedi, y Eulen, supone un incremento del costes de un 7% respecto al contrato que Sanidad mantenía con Medical Dom. Además esta empresa realizaba el servicio con 35.000 horas más de dedicación al año que las actuales.

Ayer mismo se conoció que Medical Dom, la empresa que durante los últimos 14 años ha prestado el servicio de urgencias a domicilio para la Sanidad pública vasca, ha decidido impugnar la reciente adjudicación, a la que se había presentado, "por ser contraria a derecho" y al considerar que las firmas elegidas incumplen los requisitos del concurso. Según ha podido saber DEIA, la intención de la sociedad radicada en Bibao es seguir con el recurso hasta el final y, de no ver satisfecha su demanda, llevará la decisión a los tribunales presentando un recurso contencioso-administrativo.

La reciente adjudicación de las urgencias domiciliarias a las firmas SHD y Eulen ha sido polémica incluso antes de que se fallara. En ello tiene que ver José Carlos Margüello, exjefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces, que tiene un 9% de las acciones de Medical Dom. Tras la llegada del consejero Rafael Bengoa al Gobierno vasco, su departamento acusó a varias sociedades relacionadas con Margüello, entre ellas, Medical Dom, de irregularidades en sus contratos con Sanidad. En concreto, los nuevos responsables socialistas anunciaron su intención de sacar a concurso las urgencias domiciliarias con la clara intención de apartar a la empresa. El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández ha llegado a asegurar que durante las anteriores legislaturas había "una intencionalidad de crear un monopolio".

En consecuencia, el consejero Bengoa decidió no prorrogar el contrato con Medical Dom, que ha supuesto el año pasado a las arcas de Sanidad un coste de 3.847.790 euros. Por su parte, el importe anual del nuevo contrato con SHD (que desde este mes presta el servicio en todo Gipuzkoa y en parte de Bizkaia) se eleva a 3.751.349 euros y a 367.001 el de Eulen, sociedad adjudicataria en Gasteiz. La suma total de los nuevos contratos asciende a 4.118.351 euros. Cierto es que Medical Dom había reclamado un aumento de precios del 19% en el contrato en vigor hasta 2010 pero no es menos cierto que Sanidad se negó a aplicar este encarecimiento y que tenía la posibilidad de forzar a Medical Dom a seguir prorrogando el servicio por el mismo importe, un 7% más barato que la suma de los dos nuevo contratos.

sustitutos "sin condiciones" En una nota de prensa, los responsables de Medical Dom niegan que su recurso de alzada contra la adjudicación obedezca a una "respuesta airada" por "haber perdido un concurso", sino a la constatación de que se "ha utilizado" a su empresa, "con muchos más recursos y experiencia que las adjudicatarias, dentro de una estrategia política, con mentiras y acusaciones calumniosas, forzándose una situación para quitarla de en medio". En este sentido, añade, "el nuevo concurso es sólo un instrumento para encontrar sustitutos, aunque no reúnan las condiciones ni tengan la experiencia necesaria para prestar un servicio en condiciones".

El recurso ante el consejero de Sanidad y Consumo se basa en que la adjudicación no exige la "preceptiva" autorización sanitaria de los adjudicatarios y en que "alguna" de las compañías ganadoras "carece de la solvencia económica y técnica exigida". Asimismo especifica que "la valoración del plan de trabajo no se ha hecho con criterios de objetividad y equidad". De hecho, revela Medical Dom, el plan de trabajo de SHD se ha puntuado con la mejor calificación aunque "nada más empezar a prestar el servicio ha debido cambiarlo por inadecuado".

Según ha podido saber este periódico, SHD sigue completando su plantilla a día de hoy y cambiando sus planes de trabajo en función de las necesidades y los trabajadores disponibles. El pliego de condiciones del contrato obligaba a las firmas aspirantes a especificar tanto la plantilla con la que cuenta como su plan de trabajo.

De hecho, el propio Departamento de Sanidad reconoce en el informe de adjudicación que la propuesta de SHD de reducir las zonas en que prestaba servicio Medical Dom dificulta el cumplimiento del tiempo de respuesta a la llamada de una urgencia. Textualmente, el informe de Sanidad decía de la propuesta de SHD: "Se concluye pues que la oferta (...) es mejorable".

Bajo el epígrafe "lo que antes eran irregularidades son ahora las bases del servicio", Medical Dom resalta en su comunicado la contradicción que supone que el mismo equipo que dijo querer acabar con el supuesto "monopolio" haya adjudicado el 91,9% del importe del concurso a una sola empresa. También remarca que otro de los "caballos de batalla" contra Medical Dom era que algunos de sus médicos resultaban incompatibles. Según acusa esta empresa, SHD "está prestando el servicio de urgencias domiciliarias con sanitarios que trabajan en Osakidetza y, por tanto, son incompatibles".

En cuanto a la solvencia económica que establece el contrato, Medical Dom asegura que SHD "opta a un contrato 24 veces mayor de lo que factura en la actualidad".