Bilbao. La comisión del Parlamento que investiga a puerta cerrada la contratación de servicios sanitarios en el Departamento de Sanidad sigue aportando nuevos datos. En su tercera sesión, uno de los intervinientes, Javier Serrano, director de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco, ratificó los datos de su informe del pasado 10 de febrero, según el cual "no se justifica" el procedimiento de urgencia en la adjudicación de varias contrataciones con empresas vinculadas con José Carlos Margüello, ex director de Calidad del hospital de Cruces. Sin embargo, Serrano aseguró ante los parlamentarios que dichas adjudicaciones urgentes no son excepcionales en la Administración vasca.

De hecho, según ha sabido este periódico, el Departamento de Economía reconoció en su reciente contestación a una pregunta parlamentaria que en los nueve primeros meses del Gobierno López las distintas consejerías habían tramitado más de un centenar de expedientes por el procedimiento de urgencia, cuestión que fue argumentada ayer en la comisión por el grupo del PNV. Una lectura pormenorizada de los mismos pone en tela de juicio su carácter de emergencia. Uno de ellos hace referencia a la contratación de una campaña de comunicación sobre seguridad y salud en el trabajo. Otro, a la compra de productos congelados para la Academia de la Ertzaintza de Arkaute. A ellos se suman el suministro de información para la base de datos de noticias audiovisuales, un estudio sobre el maltrato en las personas mayores, la realización de programas divulgativos sobre ciencia y tecnología, la contratación del canal telefónico Zuzenean, el diseño de las instalaciones del Gobierno en el PIN navideño o la organización de cursos de idiomas en el extranjero para alumnos de la ESO. Hay que recordar que las contrataciones censuradas por el informe de la Oficina de Control Económico (OCE) se refieren a la prestación de servicios como la atención urgente domiciliaria o la derivación de pacientes incluidos en las listas de espera quirúrgica, ambulatoria y de rehabilitación. Dichos expedientes, fundamentalmente los de 2006 y 2007, coinciden en el tiempo con numerosas proposiciones de PSE y PP, en aquel momento en la oposición, que instaban a reducir las listas de espera.

El informe de la OCE también critica algunas de las contrataciones por el procedimiento negociado, sin publicidad ni concurrencia. Se da la circunstancia de que en los nueve primeros meses de la presente legislatura, se contabilizaron 56 procedimientos pagados por convalidación del Consejo de Gobierno, que suponen 20 millones de euros.

La comisión también contó con la comparecencia de Cristina Rodrigo, redactora del expediente de Sanidad, que declaró que el departamento tenía "muchas prisas". La comisión se volverá a reunir el próximo día 11.