Sindicatos acusan al Gobierno vasco de restringir la renta de garantía de ingresos

Sus representantes, Mikel Noval de ELA, Rafa Izquierdo de LAB, José Balmaseda de ESK y Manolo Sobrino de STEE, entre otros, además de rechazar el decreto que regulará la RGI han exigido al Gobierno vasco que no lo apruebe, instándole a que reconsidere las restricciones que plantea y a que modifique la ley en sentido contrario para aumentar las coberturas.

Según estos sindicatos, el Gobierno está utilizando de nuevo la táctica de recortar y limitar derechos por la vía del decreto o reglamento que desarrolla una ley, en este caso la Ley para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social.

Así, denuncia como principales recortes de la nueva RGI la reducción a dos del número máximo de rentas de este tipo a recibir por vivienda, el recorte a un máximo de dos años, salvo algún caso excepcional, de la duración de los estímulos al empleo vía Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, la fórmula de cómputo del patrimonio y el establecimiento de más dificultades administrativas a la RGI.

De igual forma, han recordado que las cuantías de la RGI no han variado respecto a la renta básica actual (88% del SMI para una sola persona) ni la edad mínima para acceder a ellas (23 años). En su opinión, son claramente "insuficientes" y, en la actual situación de crisis, va a aumentar la pobreza. "Es por tanto rechazable que el Gobierno Vasco elabore una legislación que reduzca y limite aun más las prestaciones de la gente con menos recursos ahora que más lo van a precisar".

En este sentido, han criticado también el dictamen del Consejo Económico y Social vasco sobre este decreto, alertando de que cuantías de la RGI cercanas a las rentas salariales más bajas pueden desincentivar la búsqueda de empleo, y el apoyo de CC.OO. y UGT al mismo, "alineándose con las tesis más conservadoras y reaccionarias defendidas por la patronal Confebask".