Covite pretende lograr este 2022 que la presión social “fuerce” al Colectivo de Presos de ETA, EPPK, a reclamar que se ponga fin a todo tipo de actos públicos que enaltezcan el terrorismo, al igual que ocurrió con los ongietorri. Los servicios jurídicos de la asociación presidida por Consuelo Ordóñez pedirán, además, a la Audiencia Nacional (AN) todos los sumarios de las 853 víctimas mortales de ETA para analizar si realmente ha existido una “justicia efectiva” y en ellos está “toda la verdad judicial”. La organización centrará su actividad de este nuevo año en la denuncia de toda “radicalización, legitimación a ETA y el culto al terror” que, a su juicio, es “incesante” en las calles de la CAV y Nafarroa, y se proyectan en forma de manifestaciones, pancartas o actos en homenaje a miembros de ETA fallecidos.

La asociación califica de “buena noticia” que el año pasado la izquierda abertzale “renunciara, aunque sea oficialmente, a hacer ongietorris No obstante, considera que se siguen reproduciendo “homenajes por todo lo alto” a exmiembros de ETA fallecidos, caso de Antton Troitiño u otros, y lamenta que se conmemorara a principios de este mes en Eskoriatza al fallecido Santiago Iparraguirre, histórico integrante de ETA y padre de Soledad Iparraguirre Anboto, una de las exjefas de la organización.

Covite señala que cada aniversario de estos fallecimientos se les realizan homenajes “como si fueran héroes”, como ocurre en el caso de Txabi Etxebarrieta, que en 1968 cometió el primer atentado mortal de ETA, al asesinar al guardia civil José Pardines cuando se encontraba controlando el tráfico en una carretera cerca de Aduna. Tras renunciar a la vía penal para conseguir este objetivo, ya que la Audiencia Nacional ha sentado jurisprudencia por la que determina que prevalece la libertad de expresión si no se enaltece directamente a ETA, recurrirán a la denuncia social, para que “la presión” de la ciudadanía, partidos e instituciones, contribuya al fin de este tipo de actos.

Otro de los ámbitos en los que trabajará Covite será en la ampliación con nueva documentación y testimonios del Mapa del Terror, que señala los lugares en los que se cometieron los atentados. De esta forma, se completará con grabaciones de relatos de las víctimas y se incorporarán a las fichas ya existentes. A su vez, pedirá a la AN todos los sumarios existentes de las 853 víctimas mortales de ETA, con el fin de revisar, “tanto los resueltos como los no resueltos, para ver si ha habido justicia efectiva o no. Hay sumarios que se cerraron en 24 horas, que apenas tienen una hoja”.

Sobre el caso de ‘Golfo’. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictará sentencia mañana sobre el caso de Javier Atristain Gorosabel, alias ‘Golfo’, un preso de ETA que alegó una presunta vulneración de su derecho a tener un juicio justo y a elegir a su abogado. Aristain acudió a Estrasburgo para denunciar que mientras estuvo incomunicado en prisión preventiva se le negó el acceso a un letrado de su elección y fue interrogado por la Policía sin la presencia de un abogado, lo que le llevó a hacer declaraciones autoincriminatorias que derivaron en la condena de 17 años que cumple por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos.