La consejera navarra de Economía, Elma Saiz, se vio ayer jueves en la obligación de tomar la palabra al final del pleno del Parlamento para anunciar que retiraba la reforma de la Ley del Convenio al comprobar que no tenía votos suficientes para sacar adelante la modificación de una norma que precisa de mayoría absoluta (al menos 26 votos). Fue el colofón a un fracaso mayúsculo que se veía venir desde que el jueves de la semana pasada la titular de Hacienda del Gobierno de Nafarroa citó a los grupos parlamentarios para dar cuenta de una negociación previamente cerrada con el Estado.

Después de revisar el contenido del acuerdo, Geroa Bai (9 votos) y EH Bildu (7) adelantaron que no iban a dar su respaldo a renovar una ley para dejar al Parlamento sin capacidad de decisión el índice de imputación por el que Nafarroa paga al Estado por los gastos que suponen las competencias que no tiene transferidas. Desde 1990, este índice está en el 1,6% y en él se incluye la cuota de solidaridad con la que contribuye la Comunidad Foral al Estado por disponer de una economía superior a la media. No es una cuestión menor porque subir una sola décima en este índice supone abonar varios millones más, como se encargó de recordar Adolfo Araiz (EH Bildu), y porque, como subrayó Uxue Barkos (Geroa Bai) es la decisión más política de todo lo recogidos en la Ley del Convenio. Sin apoyo de las dos fuerzas nacionalistas, el PSN (11 votos) necesitaba imperiosamente el apoyo de Navarra Suma (20 escaños), ya que el respaldo de Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1) no alteraba en absoluto el sentido de la votación.