Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Iñaki Subijana: "Esta pandemia nos exige una reflexión sobre el marco normativo que debe regir una situación de emergencia"

Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), concede a este periódico la primera entrevista una vez desactivada en Euskadi la emergencia sanitaria por covid

10.10.2021 | 00:20
Iñaki Subijana: "Esta pandemia nos exige una reflexión sobre el marco normativo que debe regir una situación de emergencia"

Asume el magistrado que las medidas para frenar la pandemia han sido objeto de "diferentes análisis y opiniones" por parte del TSJPV y el Ejecutivo vasco. Tras unos meses "intensos", se queda con "el espíritu de colaboración" entre ambos poderes públicos y entiende los momentos de desencuentro como "parte del juego democrático, e incluso de la dinámica poder-contrapoder".

Han transcurrido cinco meses desde su toma de posesión. ¿No le parecen cinco años?

–Una sensación así, tan definida, no la tengo. Sí es verdad que han sido cinco meses intensos.

¿La pandemia le ha exigido un aterrizaje forzoso en el cargo?

–Es indudable que la quinta ola por covid ha condicionado estos meses, de la misma manera que ha entrañado dificultades adicionales a la hora de tomar decisiones de gestión gubernativas.

¿Como presidente del Tribunal Superior de Justicia respira más tranquilo una vez desactivada la emergencia sanitaria?

–Bueno, estamos ante un cambio de fase que vamos a tener que gestionar. Una nueva etapa sujeta a un menor nivel de restricciones en aspectos muy definidos, como pueden ser los aforos que tanto han condicionado la actividad judicial, ya que el nivel de presencialidad en juicios y comparecencias es muy alto.

Se abre un nuevo ciclo que deja atrás momentos de tensión. ¿Cómo ha vivido tanto desencuentro del TSJPV con el Ejecutivo vasco?

–Más bien diría que durante estos cinco meses ha habido momentos de encuentro y cooperación, que son los que definen la relación que se mantiene con el Gobierno vasco, tanto con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales como con el de Seguridad. Ha habido fluidez, colaboración y respeto institucional. Me quedo con esa imagen.

El Gobierno vasco ha llegado a manifestar su hartazgo por sentirse desautorizado hasta en seis ocasiones. ¿Cómo conciliar ese espíritu de cooperación que menciona con el sentir del Ejecutivo?

–Que haya colaboración entre los dos poderes públicos no significa que cada poder público no ejerza las competencias que le corresponden. Desde ese punto de vista, puede haber momentos en los que los prismas de actuación sean diferentes o diferenciadores. Puede haber diferentes análisis y opiniones. Es algo que forma parte del juego democrático e incluso de la dinámica de poder contrapoder.

¿La Justicia ha menospreciado a la ciencia en Euskadi?

–No hay ninguna duda de la capacidad que tienen las autoridades sanitarias para tomar decisiones a la hora de contener el covid-19. Ahora bien, el papel institucional de los jueces y tribunales es intervenir cuando se plantean restricciones de derechos fundamentales. En esa dinámica de peso-contrapeso puede haber diversidad de pareceres.

No es habitual ver a un gobierno reconociendo su impotencia por tanto varapalo judicial. Se han puesto en cuestión autos judiciales "poco consistentes". ¿Qué opina?

–Los poderes públicos han podido ser críticos respecto al sentido de determinadas decisiones. Pero insisto en que eso no responde a la fotografía del modo y manera en que se desarrollan las relaciones institucionales entre el poder judicial y el Gobierno vasco.

¿Durante esta pandemia el juez Luis Ángel Garrido ha mantenido un pulso al Gobierno vasco?

–Nunca es buena opción personalizar. Ha sido un tribunal el que ha tomado decisiones, un órgano colegiado que lo conforman en este caso tres magistrados. Los tres asumen los argumentos de sus decisiones, por eso no es correcta esa imagen de que un juez ha personalizado supuestos enfrentamientos. Los tribunales actúan y deciden de forma colegiada.

¿En ningún momento se ha extralimitado en sus funciones?

–Ha ejercido las funciones que la ley le atribuye para decidir lo que se le ha planteado cuando tiene que ratificar, o no, medidas limitativas de derechos fundamentales que han tomado las autoridades sanitarias.

¿Siente que se ha deslegitimado el papel de las juezas y jueces vascos?

–Siento que en momentos determinados no se ha cuestionado el sentido de determinadas actuaciones sino que se estaba poniendo en tela de juicio la legitimación para tomar esas decisiones. Es un límite que todos tenemos que respetar. Hay legitimidad para que las autoridades sanitarias tomen las decisiones que tengan que tomar, y legitimidad para que los jueces tomen la decisión oportuna cuando les piden la adopción de medidas cautelares.

¿La falta de concreción normativa en esta pandemia ha condicionado la labor de los jueces?

–Así lo he reflejado en varias ocasiones. El elemento de seguridad jurídica tiene como premisa que el marco normativo sea definido, sobre todo cuando se plantean limitaciones de derechos fundamentales. Esa indefinición normativa ha favorecido diferentes respuestas jurisdiccionales.

¿Entiende el desconcierto de la ciudadanía durante esta pandemia por fallos judiciales tan dispares ante una misma situación?

–Entiendo que el valor de seguridad jurídica introduce elementos de confianza ciudadana. Me hago eco de las propias palabras del Tribunal Supremo cuando ha resuelto los recursos que se le han planteado aplicando la legislación sanitaria. Después de decir que la legislación sanitaria permitía la adopción de determinadas medidas, a renglón seguido añadía: "aun reconociendo que adolece de desarrollo normativo y que hubiera sido deseable que fuera más explícita". Cuando la norma no es completa, cabe la posibilidad de que haya diferentes decisiones judiciales.

¿Qué lecciones deja esta pandemia?

–Nos ha puesto de manifiesto que lo que podemos llamar el derecho de emergencia no estaba completamente definido. Esta pandemia nos exige hacer un análisis reflexivo y ponderado sobre qué marco normativo debe regir una situación de emergencia. Es una lección que tenemos que aprender. No es buena opción tomar decisiones al calor de las circunstancias extraordinarias que se van produciendo.

¿La Ley antipandemia es suficiente?

–Da un nivel de respuesta a determinadas situaciones. Permite una definición de los diferentes marcos que pueden existir desde el punto de vista epidemiológico y una articulación del nivel de respuesta. Pero por un tema estrictamente competencial, no puede incidir en lo que son restricciones o derechos fundamentales. Falta esa pata.

¿Comparte la decisión del Gobierno vasco sobre la devolución de las multas pagadas en el primer estado de alarma para evitar efectos discriminatorios?

–Me parece una decisión justa. Creo que la explicación ha sido muy coherente. No podemos hacer de peor condición a quien ha cumplido la sanción que se le impuso a través de la modalidad de pronto pago. Además, se mueve muy en la línea del artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuando se plantea la reversibilidad o no de situaciones jurídicas creadas por normativas que han sido anuladas. Dice que no son reversibles, salvo que se trate de procesos penales o administrativos sancionadores, como es el caso.

¿El TSJPV ha asumido las tesis de Vox contra el uso interno del euskera en los ayuntamientos?

–Mi labor no es responder a titulares. ¿Qué opino? Simplemente se han planteado dudas de Constitucionalidad con respecto a la ley, y se han traslado al Tribunal Constitucional para que haga un análisis sobre su fundamento. Son reglas de actuación institucional, otra cuestión es la valoración o ponderación que se haga.

¿No le parece excesivo interpretar que la ley vasca dota al euskera de una "supremacía exorbitante"?

–El Tribunal tiene una duda de Constitucionalidad de ese precepto concreto y la plantea al órgano para tramitar y resolver esa cuestión. Insisto en que forma parte de la regla actuación ordinaria. Hay que darle ese valor, esa significación, y dar tiempo al Tribunal Constitucional para que valore si esas dudas están fundadas y resuelva la controversia que se ha planteado.

¿La renovación del Consejo General del Poder Judicial, con vocales que llevan más de mil días en funciones, se ha convertido en un espectáculo?

–Vivimos una situación de difícil encaje institucional en la medida en que no se cumplen los plazos que fija la Constitución para la renovación. Cuanto más dura, la situación se hace más problemática y compleja.

¿Qué efecto está teniendo esta situación en Euskadi?

–Nombramientos, ascensos, inspecciones... Son materias que las tiene que ejercer el Consejo como órgano independiente y no subordinado al poder político. Con el paso del tiempo y sin renovación, tener un consejo en funciones genera problemas, tanto en los nombramientos del Tribunal Supremo, como en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias. En Euskadi nos encontramos con las presidencias de las Audiencias de Gipuzkoa y de Alava, y la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en las que no se puede llegar a dar cobertura.

¿Los jueces están cansados de injerencias políticas?

–Los jueces ejercen jurisdicción con independencia, pero sí hay una reflexión crítica con respecto a la imagen que se puede trasladar a la ciudadanía.

¿A qué se refiere?

–Que esta situación de bloqueo del Consejo puede hacer pensar a la opinión pública que hay una injerencia en el ejercicio de la jurisdicción.

"Los poderes públicos pueden haber sido críticos con el sentido de algunas decisiones pero me quedo con la imagen de colaboración y respeto"

"Nunca es buena opción personalizar. Ha sido un tribunal conformado por tres magistrados el que ha tomado decisiones"

"La devolución de las multas pagadas en el primer estado de alarma me parece una decisión justa, con una explicación muy coherente"


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