El Gobierno español activa la orden para obligar a las comunidades mientras Euskadi se aferra a su plan sanitario

El lehendakari denuncia que el Gobierno español ha quebrado la "lealtad" y la "bilateralidad" en la gestión sanitaria mientras Darias envía ya la orden a los territorios y avisa de que es obligatoria

04.06.2021 | 21:24
Una pareja descansa en un banco protegida por la mascarilla.

El Gobierno español ha pulsado el botón. El Ministerio de Sanidad de Carolina Darias ha enviado ya a las comunidades autónomas la controvertida orden con las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles, medidas que Euskadi ve como una imposición y pretende ignorar. El Gobierno español avisa en ese documento de que son de obligado cumplimiento con independencia de lo que haya votado cada comunidad en esa reunión. Se espera que la orden se publique este sábado en el Boletín Oficial del Estado, pero aclara que no habrá que esperar hasta entonces para que la orden entre en vigor, sino que está operativa desde el momento en que se notifica oficialmente a las comunidades. El Gobierno vasco, que no acudió a la cita del miércoles para reivindicar sus competencias, mantiene que la competencia es suya y se remite a las medidas que aprobó el comité LABI con una vigencia de 20 días.

Las medidas que recoge la declaración de actuaciones coordinadas de la Interterritorial supondrían que Euskadi tuviera que cerrar el interior de los bares por superar los 150 contagios de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas (se sitúa en 204). La orden solo añade que las comunidades pueden recurrir este texto en reposición ante la ministra Darias o acudir a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Finalmente, no ha esperado hasta el lunes para dar margen a que los contagios bajen en la CAV o La Rioja y el conflicto pierda razón de ser. Pero la orden no cita qué represalias o instrumentos podría tener el Estado para hacer cumplir las medidas. La ministra Darias ha dicho en la cadena Ser que los servicios jurídicos están estudiándolo, y no se descarta llevar a las comunidades a los tribunales.

¿HABRÁ MEDIDAS CAUTELARES?

La clave podría radicar en si se piden o no medidas cautelares que corten de raíz la acción de los territorios. De ello dependerá que se sustancie un serio conflicto judicial o este debate no pase a mayores. La novedad que introduce la orden radica en que ya no estará en vigor hasta que la vacunación llegue al 70%, sino hasta que la ministra le ponga fin "previo acuerdo" del Consejo Interterritorial y previa audiencia "de todas las comunidades". Esto abre la puerta a que su duración sea más corta y se pueda reconducir la polémica con arreglo a la evolución del virus. Las comunidades de Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y Catalunya votaron en contra el miércoles y Euskadi se ausentó.

Al Gobierno español se le reprocha la marcha atrás, que quiera mantener su control sobre las restricciones a pesar de que se negó a prorrogar el estado de alarma el 9 de mayo, y a pesar de haber lanzado un mensaje de puertas abiertas al turismo. El giro ha sido desconcertante para Urkullu. El Gobierno español se apoya en el artículo 151 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que menciona que, cuando el Gobierno español ejerza funciones de coordinación, de acuerdo "con el orden constitucional de distribución de competencias", el acuerdo será "de obligado cumplimiento para todas las administraciones ", y lo será "con independencia de su sentido de voto".

Pero no es una verdad tan incontestable y, de entrada, el reglamento del propio Consejo Interterritorial que congrega al Gobierno español y a los consejeros autonómicos no habla de obligaciones, sino de recomendaciones. El reglamento menciona en su artículo 14 que los acuerdos en relación con las materias de la Ley 6/2003 de cohesión y calidad del sistema de salud "se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso". "Los acuerdos de cooperación para llevar a cabo acciones sanitarias conjuntas se formalizarán mediante convenios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", añade. Este sistema de acuerdos aparece en el artículo 73 de la Ley de cohesión y calidad del sistema de salud. El Gobierno español se aferra a otros puntos. Por un lado, en la ley citada anteriormente, el artículo 65 sobre las actuaciones coordinadas en salud pública permite actuar en situaciones "de urgente necesidad" sin audiencia con las comunidades, aunque habría que ver si esta lo es.

En el Gobierno vasco crece el descontento y el lehendakari cree que se han quebrado la "lealtad", las reglas y el sistema de relación bilateral con el pretexto de la gestión sanitaria. Urkullu reclamó de manera insistente una prórroga de la alarma, sin éxito. Darias ha seguido defendiendo en la cadena Ser que no hay imposición y que todo ha sido fruto de un trabajo previo con trece comunidades autónomas, de las cuales once apoyaron la decisión y, por ello, lo elevó al Consejo. Ha dicho que hará cumplir las medidas y que los servicios jurídicos lo analizan, pero trabajará por el consenso.

 
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