La Mesa del Congreso dio ayer miércoles luz verde a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) tras acelerar los plazos y cerrar las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. A falta de que el proyecto final llegue al pleno para su votación -todavía no hay una fecha definida-, ya se conocen las mejoras que las formaciones proponen para esta prestación social que, un año más tarde de entrar en vigor en su primera versión, ha sufrido numerosas modificaciones entre críticas por su falta de eficacia, por sus limitaciones y por invasiones competenciales a las comunidades autónomas.
En esa línea inciden algunas de las enmiendas registradas ayer miércoles por Unidas Podemos -principal impulsor del IMV desde el Gobierno español y a su vez principal crítico con la forma en la que ha visto la luz-, entre las que figura la propuesta de añadir al decreto de la prestación una disposición transitoria que deje en manos de las autonomías la concesión de esta renta.
El PNV, en su batería de enmiendas presentadas ayer miércoles, incluye también una disposición muy similar a la de UP, con el objetivo de que sean las comunidades las que decidan a quién otorgan la prestación.
Respecto a la iniciativa de la coalición morada, aboga por que "todas las personas" que a fecha del día 30 de este mes sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por alguna comunidad autónoma "tengan reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos del 1 de enero de 2021". De esta manera, en la práctica se reconocería a las administraciones autonómicas la potestad de otorgar el IMV.
El acercamiento de Unidas Podemos a las tesis del PNV podría suponer un espaldarazo para la CAV, que se encuentra pendiente de resolver los obstáculos que el Ejecutivo español ha ido encontrando para evitar por el momento el traspaso del IMV y su gestión. El Gobierno vasco busca recibir la competencia en su totalidad, mientras que desde el Ministerio de la Seguridad Social de José Luis Escrivá siguen poniendo trabas y hasta la fecha ha sido imposible un acuerdo que desatasque el embrollo.
Más allá de este bloqueo, el PNV ha denunciado la invasión competencial que conllevan algunas de las modificaciones en el decreto de esta prestación social y trata de evitar que esa intromisión se materialice con sus enmiendas parciales en el Congreso.
batería de enmiendas
En esa línea, la batería de enmiendas parciales presentadas ayer por el PNV apuntan a reforzar el papel de las comunidades autónomas en la gestión de esta prestación, así como a evitar las invasiones competenciales por parte del Estado y a fomentar el acceso al empleo de los colectivos vulnerables.
Mientras tanto, voces del Ejecutivo de Iñigo Urkullu se pronunciaron ayer miñercoles sobre el IMV y reclamaron que la transferencia a Euskadi se produzca sin más dilación. Según recordó el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se trata de "un compromiso político, y los compromisos políticos son para cumplirlos". Por ello, cree que no hay obstáculos insalvables para el traspaso si de verdad existe "voluntad política efectiva" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En esa línea, Azpiazu considera que todas las políticas de protección social deben estar en manos de las instituciones vascas y lamenta que Escrivá "es un hombre que pone más dificultades que facilidades".
Por su parte, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, explicó que "todos los esfuerzos" del Gobierno vasco están ahora puestos en amarrar la transferencia de esta prestación social. "Los dos gobiernos estamos trabajando en ello", afirma.
"El reconocimiento por parte de las autonomías puede considerarse suficiente"
Enmienda parcial al IMV
"Escrivá es un hombre que pone más dificultades que facilidades"
Consejero de Economía y Hacienda
