ViceIehendakari primero, Consejero de seguridad y Presidente de la Comisión de traspasos

Josu Erkoreka: "Nuestro modelo de prisiones no será ilegal; será más humano como marca la Constitución"

Tras el histórico pacto para gestionar las prisiones desde el 1 de octubre, Erkoreka pide vencer los "prejuicios" hacia Euskadi y no espera resistencia en los funcionarios. Mantiene la apuesta por el estado de alarma, pero un cambio en la ley 3/1986 "ayudaría"

18.04.2021 | 01:21
Josu Erkoreka.

Por un lado, han amarrado la transferencia de prisiones, que es histórica, pero por otro, no están todos los traspasos previstos para el primer bloque. ¿La satisfacción es plena para el Gobierno vasco?

—Con respecto a lo conseguido, sí, la satisfacción es plena. Pero la satisfacción plena no la tendremos hasta que el proceso concluya y podamos hablar de un cumplimiento total del Estatuto de Gernika. La satisfacción será plena, pero levantaremos el dedo para recordar que esto tendría que haber llegado 40 años antes.

Usted ha pedido que no haya desconfianza hacia el Gobierno vasco en la gestión de las prisiones. ¿Va a ser sencilla la gestión cuando ya se está prejuzgando que el Gobierno vasco se va a guiar por criterios políticos?

—No hay ningún motivo para mantener esos prejuicios, pero el hecho de que existan tampoco va a alterar para nada la actuación del Gobierno vasco, que va a ser tan honesta, sincera, leal y correcta como en el resto de servicios.

Se ha especulado desde algunos ámbitos contrarios al traspaso con que pudiera haber una resistencia de los funcionarios o que pedirán un cambio de destino. ¿Usted lo ha notado en las negociaciones, o ellos asumen con naturalidad este traspaso de prisiones?

—Sería el primer caso en la historia que conozco de funcionarios que se resistan al traspaso. Por regla general, la idea que tengo yo es que las personas que están adscritas a las plantillas que son objeto de transferencia suelen estar deseando pasar al Gobierno vasco, porque consideran que las condiciones de trabajo son mejores que las que marca la administración de la que proceden. La nota general suele ser de satisfacción, y sería para mí una sorpresa que hubiera resistencia por parte de ningún colectivo.

El Gobierno vasco va a tener que aplicar la legislación penitenciaria estatal y, además, va a ser el juez de vigilancia penitenciaria quien en última instancia controle las decisiones que se tomen, y ahí entra la opción de que alguien recurra. Con este marco general, ¿puede Euskadi desplegar un perfil propio?

—Sin ninguna duda. Dentro de las pautas generales que marca la ley, que son de obligado cumplimiento, el margen de opciones es amplio. Apelo a la experiencia: la ley penitenciaria ha sido aplicada de diferentes maneras por gobiernos distintos, y no hay más que ver el contraste que existe entre la gestión de esa ley por parte del Gobierno de Rajoy y la que está haciendo el Gobierno actual. La diferencia es patente. Hay un margen que va a ser aprovechado por el Gobierno vasco para avanzar en un modelo que no es ilegal, pero que sí es más humano, más resocializador, que está pensando más en la vertiente humana de las personas privadas de libertad, y en el objetivo último de reinserción y resocialización que marcan las normas europeas, o incluso la propia Constitución, como objetivo último de las penas privativas de libertad. El modelo que está trabajando el Gobierno vasco, acorde con los acuerdos del Parlamento Vasco y en estrecha sintonía con el tercer sector social, será mucho más humano y cercano.

¿Puede confirmar que va a haber una apuesta por el régimen abierto y los encuentros entre víctimas y victimarios?

—La transferencia va a dar juego para avanzar en un modelo penitenciario propio, singular. Pero corresponde al departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

En este momento la cantidad de presos de ETA en cárceles vascas es testimonial, una treintena, pero, ¿plantean un itinerario específico para los presos de ETA por su casuística particular para que hagan autocrítica?

—Sería una imprudencia por mi parte dar ahora respuesta. Tiempo habrá para resolver y compartir con la sociedad las decisiones. Ahora es el momento de constatar las posibilidades para avanzar en uno de los principales indicadores para medir el nivel de desarrollo humano de un país: el trato que ese país dispensa a la población reclusa. Nos va a permitir marcar nuestro propio perfil y avanzar en los indicadores de desarrollo humano en consonancia con lo que estamos haciendo en otros ámbitos de acción social, donde ocupamos estándares muy elevados en los índices de desarrollo humano.

¿Por qué la antigua cárcel de Nanclares va a ser asumida por el Gobierno vasco, y la de Martutene, cuando quede desocupada, habrá que devolverla al Gobierno español? ¿Hay un interés particular, cuando van a estar las dos prisiones vacías?

—No tiene un significado especial. El Gobierno central no ha ofrecido resistencia a la transferencia de Nanclares, y ha dado por supuesto que tenía que formar parte de la transferencia. En el caso de Martutene, ha preferido poner en marcha esa operación. Pero es algo anecdótico en el contexto del acuerdo, no siempre las soluciones son simétricas. Y el Gobierno vasco sabrá dar un uso al edificio de Nanclares.

¿La transferencia del Ingreso Mínimo Vital está bloqueada?

—No, bloqueada, no. De hecho, yo hablé con la vicepresidenta porque habíamos advertido que podía existir alguna resistencia por parte del Ministerio correspondiente y, en este momento, no existe una actitud de bloqueo, de oposición por parte del Gobierno central. Lo que sí sucede es que los traspasos relacionados con la Seguridad Social son técnicamente complejos para articular los flujos administrativos entre Lanbide y el Sepe. Por otra parte, el IMV es una prestación nueva, y ha sido objeto de varias modificaciones, lo que no ofrece un panorama de estabilidad que lo facilite. Y conviene que la primera transferencia de una prestación no contributiva la hagamos bien y que sea un éxito, porque puede ser el preludio de otras vinculadas a la Seguridad Social. Es importante que no fallemos ahí porque, si el precedente es malo, podría generar una resistencia mayor en el futuro para avanzar en otras materias. Nos interesa mucho que podamos blandir ese éxito como una garantía de que se pueden llevar a cabo el resto de transferencias.

Hasta la Comisión de Transferencias del 10 de mayo, ¿aspira a amarrar también las transferencias de inmigración y cercanías?

—Las conversaciones no van a cesar hasta el 10 de mayo y podrían dar su fruto. Cualquiera de las materias que están pendientes podrían entrar ahí, pero no vamos a anticipar algunas que generen una expectativa que no se cumpla. Sobre todo, podrían transferirse las que están en el bloque más inmediato.

El lehendakari va a remodelar el Plan Bizi Berri y habrá un decreto de restricciones ante el virus. ¿Se puede preparar una respuesta jurídica que permita tomar medidas que decaerían con el fin del estado de alarma?

—Lo que está en marcha es la tramitación en el Parlamento de una proposición de ley que establece medidas específicas para responder a la pandemia. A partir de ahí, el lehendakari lo que ha planteado es la prórroga del estado de alarma. La evolución de la pandemia no autoriza a pensar que sin ese instrumento, sin las posibilidades que ofrece, sea posible desarrollar una acción tan eficaz como la que es necesaria. Si eso no se produce, habrá que ver qué otras alternativas existen, y si las instituciones centrales del Estado optan por actualizar algunas de las leyes de salud pública vigentes, particularmente la Ley Orgánica 3/1986. El Consejo de Estado ha recomendado al Gobierno actualizar esa ley, y sería una ayuda para dotar a las comunidades de instrumentos. Tenemos tres semanas de margen y seguramente ocurrirán muchas cosas. Confío en que se imponga la cordura.


 

 

El PP ha registrado una reforma de la Ley 3/1986. Usted es jurista. ¿La solución puede venir por esa propuesta del PP?

—No la conozco con detalle y sería presuntuoso emitir un juicio. Además, a lo largo de su tramitación puede ser objeto de muchas modificaciones. Que una puesta al día de esa ley podría ser una ayuda importante para que las autoridades sanitarias autonómicas pudieran ser más eficaces es innegable. Está en el debate público.

La vicepresidenta Calvo ha dicho que, sin el estado de alarma, podrían mantenerse prácticamente todas las medidas, salvo el toque de queda. ¿Le parece a usted asumible que caiga el toque de queda a partir del 9 de mayo?

—Con el marco normativo actual, al menos en Euskadi, tengo mis dudas de que sea posible mantenerlo todo excepto el toque de queda. En otras comunidades autónomas, sí, porque medidas equivalentes a las que están en vigor bajo el paraguas del estado de alarma fueron validadas por los tribunales. No es el caso de Euskadi. A partir de ahí, la limitación de la movilidad nocturna sigue siendo un instrumento fundamental para cortar los contagios. A nadie se le oculta que el ocio nocturno es un entorno particularmente propicio para facilitar los contagios. Conforme transcurren las horas, que muchas veces van acompañadas de consumo de alcohol, se producen los relajamientos. Esa sigue siendo una medida imprescindible todavía, y más probablemente de cara a la primavera y el verano, con la propensión de la ciudadanía a hacer un uso intensivo del ocio nocturno.

Entonces, ¿plantean la alarma para que el toque de queda se extienda todo el verano?

—No vamos a hacer ahora un vaticinio. Todo depende del proceso de vacunación.

Calvo también decía que basta con pedírselo al Consejo Interterritorial para mantener cerrado el perímetro de alguna comunidad, y citó a la CAV, Nafarroa y Madrid. ¿Baraja el Gobierno vasco hacer esa petición?

—Se pediría o no si hubiera un marco normativo claro que lo permitiera. Y creo, por otra parte, que a Navarra no le haría falta, porque sí contó con el aval del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. En Euskadi es muy probable que no se consiguiera. Estamos hablando de una declaración del Gobierno español, pero no es un marco normativo. Es una hipótesis trasladada a los medios de comunicación sin plasmación efectiva en normas jurídicas.

¿Le preocupa que la caída del estado de alarma pudiera dejar en desventaja a Euskadi vista la jurisprudencia del TSJPV?

—Efectivamente puede ocurrir. De hecho, ya estamos en desventaja, y no solo Euskadi, sino otras comunidades donde han existido tribunales particularmente restrictivos. Hemos estado en una posición de desventaja y por eso el lehendakari pidió el estado de alarma, no porque sea propenso a los estados de alarma o los estados de excepción, sino que tuvo que subordinar su opinión a la prioridad del momento.

¿La solución para que Sánchez prorrogue la alarma puede ser la que pide Mendia: que los partidos se comprometan por escrito?

—A nadie se le oculta que el motivo fundamental por el cual el presidente del Gobierno se resiste a prorrogar el estado de alarma o aprobar uno nuevo es la necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados. Está expresamente reconocido por el Gobierno central. No sé por qué, pienso que antes o después tanteará a los grupos. Sospecho que lo hará. No creo que lleguemos al 9 de mayo en esta situación.

¿Le preocupa que, sin alarma, la futura Ley Antipandemia vasca quede en papel mojado?

—No tiene por qué quedar el papel mojado. Si es una ley aprobada por el Parlamento Vasco en el ámbito de sus competencias, será una norma que habilite al Gobierno. El estado de alarma dice que lo no regulado en él seguirá en vigor en las leyes estatales y autonómicas. Los instrumentos propios de las autonomías se pueden reforzar. Su virtualidad se desplegará con el estado de alarma o sin él, lo que pasa es que hay ámbitos que quedarían al descubierto.

¿El Gobierno vasco plantea tres meses más de alarma como el PNV? ¿Para qué medidas?

—Con que se prorrogara tal y como está, para nosotros sería suficiente, sin necesidad de añadir nuevos contenidos. Nos suministraría la cobertura que necesitamos. ¿Durante cuánto tiempo? Se tiene que responder en función de la evolución de la pandemia y de la inmunización. También es cierto que puede acordarse una prórroga para un tiempo determinado, y acortarla si la evolución lo permite.

El Gobierno vasco está preocupado por la evolución de la pandemia, pero no ha aprobado nuevas restricciones. ¿Hay vértigo?

—El nivel de restricciones que tenemos en Euskadi es importante. Fíjese en la cantidad de cosas que no podemos hacer. Y no voy a recordar el descontento de algunos colectivos [la hostelería] y los recursos planteados porque consideran que las medidas son excesivas. No es que haya vértigo para nada. El lehendakari está dispuesto a adoptar las medidas necesarias, cueste lo que cueste y siempre y cuando sean medidas efectivas y eficaces. Pero creemos que con las actuales es suficiente. Y el panorama ha ido ofreciendo un escenario mejor. En octubre, el pico epidémico se produjo en torno a 880 por 100.000 habitantes. En enero, en 660. La curva marca un perfil más plano. Por tanto, cabe esperar que no llegue a las cotas de octubre y enero. Es síntoma de que la vacuna está surtiendo efectos y hemos ganado disciplina.

En la final de Copa, ¿el Gobierno vasco hace dos semanas tendría que haber tomado medidas como el cierre de Bilbao o reforzar el dispositivo para minimizar las aglomeraciones?

—¿Usted se imagina que impidiéramos el acceso a Bilbao o a algunas calles por el riesgo que presuntamente presentan? ¿Y la hostelería de esas calles qué diría? ¿Y qué diría la gente con libertad para deambular a plena luz del día? Hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Y hubo movilizaciones no solo en Bilbao, sino en otros lugares.

A la espera de que lo confirme la UEFA, ¿la pérdida de la sede de la Eurocopa es un varapalo para Bilbao, o le supone un alivio por el problema sanitario y político que le generaba la presencia de la selección española?

—La prioridad pública es la lucha contra la pandemia. Por tanto, el criterio que se ha utilizado no podía ser otro. Eso no tiene vuelta de hoja y, si eso es así, el coste tiene que ser el que tenga que ser. No entro en si el perjuicio en la economía o en otros ámbitos es mayor o menor, porque la prioridad es la prioridad.

Citando a EH Bildu, ¿la Ertzaintza rechaza a una parte de este pueblo?

—En absoluto. La Ertzaintza está para garantizar la defensa de los derechos y libertades y para la protección de las personas y los bienes. Está rescatando a personas en peligro, acompañando a mujeres perseguidas, asistiendo a personas que se encuentran necesitadas... Más de la mitad del conjunto de horas de la Ertzaintza son de carácter asistencial. Cuando alguien habla del modelo policial, el modelo es ese. La Er-tzaintza no pregunta nunca a nadie por su ideología. Si la Ertzaintza es objeto de animadversión personal por algún colectivo, serán esos colectivos los que tendrán que explicar por qué.

¿Tiene animadversión Arnaldo Otegi a la Ertzaintza?

—Lo tiene que responder él. Lo que sí he visto es que se ha jactado de que no tiene ningún amigo en la Ertzaintza. Vaya usted a saber.

¿Tiene usted cita para la Junta de Seguridad con el ministro Marlaska?

—Estamos trabajando en los asuntos. No importa tanto la fecha, sino acotar los temas. Creo que antes del verano tendrá lugar la reunión.

¿Qué asuntos quiere tratar? ¿Abordarán la presencia en los órganos europeos?

—Es una de las reivindicaciones de siempre. Después hay otros asuntos del día a día, como el fenómeno nuevo de los drones y las autorizaciones para sus vuelos. En España, fuera de los recintos aeroportuarios, lo tiene asumido la Guardia Civil. En Euskadi, debe ser la Ertzain-tza y hay que plasmarlo por escrito.

"Sospecho que antes o después Sánchez tanteará a los grupos sobre el estado de alarma; no llegaremos al 9 de mayo en esta situación"

"La limitación de la movilidad nocturna sigue siendo una medida imprescindible y más de cara a la primavera y el verano"

"Que se pueda cerrar Euskadi a petición del Consejo Interterritorial como dice Calvo no tiene plasmación jurídica en ninguna norma"


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