El 4-M frena la agenda de Moncloa

La batalla por Madrid demora las transferencias a la CAV y paraliza los pactos de Sánchez con Podemos, la renovación del poder judicial y la cuestión catalana

11.04.2021 | 00:55
Pedro Sánchez, durante una de sus intervenciones en el Congreso.

El calendario ha entrado ya en tiempo de descuento y lo más seguro es que haya prórroga. El PNV tiene claro que los plazos fijados para el traspaso de las competencias por parte del Gobierno español quedarán en el aire y esta vez bajo el pretexto de las elecciones madrileñas, que están condicionando el clima y el proceder político en el Estado. "Estaría muy sorprendido de que llegaran antes del 4 de mayo. Apretaremos para que pueda ser ese mes o como muy tarde en junio pero...", intuye el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban. De hecho, no es la única tarea pendiente en Moncloa, que ve cómo su agenda ha saltado por los aires con una cita con las urnas convertida antes de que arranque la campaña en un duelo personal entre el Ejecutivo de coalición, principalmente Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Al margen de las transferencias a la CAV, el impasse de los comicios está demorando los pactos con Unidas Podemos para la Ley de Vivienda, la reforma del Poder Judicial consensuada con el PP y, cómo no, la mesa de diálogo con el Govern para dar cauce al conflicto catalán.

Lakua no eleva el tono y escapa de la confrontación que se destila en Madrid, donde la pandemia sirve como ariete. El Gobierno de Urkullu da prioridad a que el trasvase comprometido se haga correctamente antes que con prisas, como señaló recientemente el vicelehendakari primero y presidente de la representación vasca en la Comisión Mixta de Transferencias Josu Erkoreka. De hecho, comisiones técnicas de ambos gobiernos ultiman el acuerdo sobre la competencia de prisiones. Fue el pasado octubre cuando el Gabinete de Sánchez actualizó una treintena de traspasos y fijó el 31 de marzo como fecha para materializar un bloque de diez materias sin que se haya materializado. Además de la gestión de los centros penitenciarios, en el cronograma autorizado por la entonces ministra de Administración Pública Carolina Darias –antes de ceder el testigo a Miquel Iceta–, se recogían los paradores del Turismo, la regulación de los servicios privados de seguridad, meteorología, el transporte por carretera, el fondo de protección a la cinematografía, la asignación del ISBN y del ISSN o la ordenación y gestión del litoral. En paralelo, está pendiente desde hace ya medio año la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), donde la vicelehendakari segunda Idoia Mendia ha primado aspectos técnicos.

En Ferraz no sopesaron bien las consecuencias de promover la moción de censura en Murcia junto a Ciudadanos y se toparon con Ayuso adelantando el reloj electoral. En la Puerta del Sol hay mucho en juego aunque el PSOE entiende que tampoco tiene nada que perder porque se trata de un periodo excepcional de dos años. Quizás no haya contado con que reforzar al PP en la joya de la corona pueda suponer no solo una travesía en el desierto en Madrid sino poner aún en más aprietos al Gobierno de coalición, aunque la intención de Sánchez sea agotar la legislatura tras aprobar los Presupuestos. Este paréntesis ha provocado que se estanquen las negociaciones por la Ley de Vivienda con sus socios de Unidas Podemos, con un cambio de actores en el Consejo de Ministros, ya que la salida de Pablo Iglesias ha otorgado un papel relevante a la ministra de Trabajo, ahora vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. De momento, el PSOE no regalará el partido a la formación morada asumiendo sus tesis sobre la regulación de los alquileres. Los socialistas no quieren establecer topes a los alquileres en un contexto como el presente ya que las zonas tensionadas han adquirido esta condición por los pisos turísticos y ahora mismo estos están prácticamente desarticulados por la restricción de la movilidad. Prefiere aguardar a una fase de normalidad para realizar un diagnóstico adecuado del estado del mercado del alquiler. Por ahora, su propuesta se basa en incentivos fiscales, en lugar de prohibiciones a los propietarios.

Simultáneamente, el gran pacto pendiente atañe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gobierno y PP acariciaron el consenso cuando cerraron el de la Corporación de RTVE hasta que chocaron con los vetos cruzados entre los conservadores y Podemos a cuenta de los nombres de los vocales, con el juez José Ricardo de Prada en la palestra. Pese a los contactos entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de esta área en Génova 13, Enrique López –con este último como miembro activo de la lista de Ayuso–, el asunto queda en el aire hasta que se dirima el escrutinio de las urnas.

mesa de diálogo 

Qué decir de Catalunya. La ausencia de un president investido, a expensas de que el republicano Pere Aragonès pueda tomar las riendas, ha facilitado que Moncloa aparque esta diatriba, pero tras más de un año sin plasmarse una nueva reunión de la mesa de diálogo, la herramienta pierde consistencia en cuanto a resolutividad. Más cuando es uno de los elementos de discordia en la negociación entre Junts y ERC, sobre todo por los dos años de margen que Esquerra da al Gobierno de Sánchez para avanzar en este terreno. Además, quedan otras cuestiones por dilucidar, como son la reforma del delito de sedición –para la que los apoyos parlamentarios están en duda– y la resolución de los indultos, que no se esperan, al menos, hasta el verano. Todo ello sin que se haya puesto freno a la judicialización del escenario catalán después de levantar el tercer grado a los presos independentistas con la connivencia de la Fiscalía.

Entre tanto, Sánchez publicita promesas. Desde anunciar una ley propia de secretos oficiales a augurar que cumplirá con un calendario de vacunación en mantillas, pasando por decretar el 9 de mayo el fin del estado de alarma sin un plan alternativo que dé seguridad jurídica a las medidas que sean preciso adoptar, más allá de las que se tomen en el polémico Consejo Interterritorial donde, cómo no, Madrid actúa a la contra. Mientras, Díaz ha comenzado a poner en marcha su propia agenda, y su primera parada fue precisamente en Sabin Etxea, donde acudió a desengrasar la relación de su partido con el PNV y, principalmente, a abordar aspectos de peso como la derogación de la reforma laboral o los planes de reactivación económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Madrid tendrá un efecto en la escena global marcando el devenir de la legislatura. De entrada, ya ha ralentizado el guión de Moncloa.

gestión de la competencia de prisiones

la próxima semana será decisiva

Según Olatz Garamendi. La próxima semana será decisiva, casi a reunión diaria, para perfilar el traspaso de las competencias fijadas para este periodo, según reconoció en declaraciones a ETB la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Según apuntó, la referida a prisiones está prácticamente a falta de un encuentro entre las partes y la posterior firma. El Gobierno vasco calcula en 70 millones de euros el gasto de la gestión de las cárceles. También el antiguo centro de Nanclares podría acabar en manos de Lakua. La consejera confía en que se acelere lo que supone "el cumplimiento de una ley orgánica".

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