Decálogo para la convivencia

El conflicto de identidades y el de la violencia son dos cosas distintas; el terrorismo nunca representó una consecuencia natural de un conflicto político, sino su perversión. La desaparición de la violencia no merece ninguna recompensa.

El relato oficial, público y, sobre todo, los principios sobre los que se asiente nuestro marco político y sus procedimientos de modificación no pueden legitimar el recurso a la violencia. Una cosa es ser flexible y otra decretar que, tratándose de principios fundamentales de la convivencia, la verdad está a medio camino.

Queda mucho por hacer en el plano del reconocimiento de las víctimas, de la elaboración pública de la memoria y de la reconstrucción de la convivencia. De entrada, la sociedad vasca debe un especial reconocimiento a las víctimas, lo que constituye una condición necesaria para la convivencia futura en Euskadi.

Las víctimas son una referencia fundamental en una sociedad justa no por la ideología que profesaron sino por la injusticia que sufrieron y que merece ser reconocida y reparada en lo posible. La sociedad vasca ha avanzado en tal reconocimiento y tendrá que seguir haciéndolo para conseguir una memoria pública universal basada en la justicia y la verdad, hasta que podamos decir que hemos construido el ámbito vasco de reconocimiento y compasión.

En los momentos de resolución de un conflicto hay otra forma de desprecio que se cierne sobre las víctimas. Entenderlo es fundamental para comprender por qué las víctimas suelen sentirse entonces nuevamente amenazadas y cómo disipar ese temor. Podríamos llamarlo "la amenaza de la simetría" que algunos pretendan establecer entre ellas y sus agresores.

Una guerra o un conflicto entre comunidades puede acabar así, pero en Euskadi no ha habido ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera los infames episodios de violencia de Estado pueden justificar un esquema de simetría, de tal manera que la culpabilidad estuviera repartida a partes iguales. La violencia no ha sido nunca inevitable, ni cabe justificarla como respuesta adecuada a otra violencia anterior.

Uno de los puntos especialmente controvertidos es el que se refiere al modo de entender la reconciliación: qué reparación corresponde al daño causado por la violencia en el tejido social. La memoria no puede ser neutra porque la reconciliación no es un pacto entre agresores y agredidos para encontrarse en una especie de punto intermedio entre violencia y democracia.

La reconciliación supone reposición de unas relaciones de reconocimiento recíproco, pero esta obligación de reconocer a los adversarios, aunque se dirija a todos por igual, no plantea las mismas exigencias a quienes han ejercido la violencia y a quienes no lo han hecho. Aquí tampoco puede aceptarse la simetría. Todos tenemos la misma obligación pero no todos tenemos que hacer el mismo recorrido. De lo que se trata ahora es de recuperar para la convivencia democrática a quien no fue capaz entonces de entender que la violencia carecía justificación, pero no de ofrecerles ahora una legitimación inmerecida.

En una democracia la escritura de la historia sólo puede hacerse en un marco de pluralismo, bajo la mirada vigilante y crítica de diversas memorias paralelas que discuten. El deber de la memoria ha de acompañarse de una aceptación de la complejidad histórica. Pero nunca puede servir como instrumento legitimador de una expresión injusta de violencia.

El relato justo del pasado, por difícil que sea, nunca es un punto medio entre víctimas y verdugos. No se trata de imponer una "verdad oficial" sino de establecer que la discusión acerca de nuestro pasado se lleve a cabo en el marco de los principios democráticos, de respeto, pluralidad, ilegitimidad de la violencia y reconocimiento de las víctimas.