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La Justicia añade más presión para que haya elecciones en Catalunya el 14-F

Su postura final llegará sobre el 8-F, ya en campaña, y el Govern teme por la salud de los votantes

21.01.2021 | 13:44
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se dirige a los periodistas tras la última reunión del Consejo Interterritorial.

Desde que el bloque de la moción de censura, con el soberanismo a la cabeza, permitió su investidura, Pedro Sánchez pegó a su discurso el mantra de la necesidad de desjudicializar el conflicto catalán, argumento al que recurrió asiduamente cuando se fraguó la inhabilitación de Quim Torra. La disputa por la celebración de las elecciones catalanas no ha hecho sino embarrarlo con la Justicia presionando para que se mantenga la fecha del 14 de febrero, pese a la oposición del Govern, que había desplazado los comicios al 30 de mayo ante el terrorífico contexto sanitario, y de una mayoría de partidos, a excepción del PSC y de Moncloa, que pretende rentabilizar el efecto Illa. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó el jueves la suspensión cautelar del aplazamiento, persiste en que se desarrollen bajo la agenda inicial y, lo que es peor, no tiene intención de tomar una decisión definitiva hasta el 8 de febrero, una semana antes de acudir a votar y con la campaña en pleno auge. Cunde la satisfacción en el Gobierno de Sánchez, que personalmente se ha pronunciado a favor de no posponer los comicios, como sí ocurrió en Euskadi y Galicia, así como en los resortes que empujan hacia el 14-F, desde la posición de la Fiscalía hasta el Centro de Investigaciones Sociológicas, que con su último sondeo refuerza las aspiraciones del aún ministro de Sanidad.

El tribunal dará a conocer este viernes el contenido íntegro de su resolución, pero cuesta creer que dé marcha atrás a su propósito días antes de que el electorado deba acercarse a los centros de votación. O notifica su sentencia final antes de que se emprenda la campaña, a las 00.00 horas del viernes 29 de enero, o el 14-F se torna ya imparable. Por de pronto, el TSJC desestimó las alegaciones presentadas por el Govern en un informe de 50 páginas con valoraciones técnicas y jurídicas, donde se desgranaban los motivos sanitarios que justificaban la desconvocatoria. La preocupación es absoluta en el Palau, que lidia con una pandemia desgarradora en el territorio. El vicepresident Pere Aragonès y la portavoz Meritxell Budó comparecieron para denunciar que la Justicia "obligue a escoger" entre el derecho a voto y el derecho a la salud, advirtiendo de que se pone en "peligro" la salubridad de los votantes, amén de la "incertidumbre" en que deja sumido un hecho tan relevante como el poder garantizar el ejercicio del sufragio de todos. El Govern ya había advertido además de que una hipotética "baja participación" puede conllevar una "no legitimidad" del resultado electoral, y para colmo se topa con una "injerencia externa en la vida política e institucional de un país democrático".

A modo de escudo de Moncloa salió a la palestra la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, quien avaló el 14-F porque el Procicat -órgano similar al LABI vasco- no ha endurecido las restricciones: "Si puede votar el Barça -que lo hará en principio el 7 de marzo-, debe poder votar el ciudadano", zanjó, a sabiendas de que la adopción de medidas fluctúa en función de los datos sanitarios, que prevén incluso un escenario dantesco en la comunidad catalana en la primera quincena de febrero. A su vez, dio mayor trascendencia a la cuestión de cómo el Govern elaboró el nuevo decreto de convocatoria electoral para diferenciarlo de lo acontecido en la CAV. "Allí se aplazaron y aquí es suspenderlos y ya veremos si en torno al 30-M los haremos", añadió, reconociendo implícitamente que los socialistas suspiran por el factor Illa. "Usted las quiere hacer porque las quiere ganar, dicen. Pues mire, igual sí. Pero usted las quiere suspender porque cree que las perderá", reprochó. E indicó que "si alguien tiene miedo de ir a votar" el 14-F, "que lo haga por correo". Como hará ella.

JxCat piensa como ERC que todo esto es un 155 encubierto. "Los poderes del Estado se vuelven a alinear para actuar, pero en las urnas somos imbatibles. Quieren decidir cuándo votamos. Solo hace falta que nos digan a quién", afeó Laura Borràs.

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