El Supremo rechaza actuar contra el Gobierno español por su gestión del covid

La reacciones a esta decisión fueron desde la satisfacción de la Fiscalía General del Estado, que no veía cauce legal para admitir a trámite las denuncias, a la resignación del PP, que en boca de su vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, insistía en que el Ejecutivo de coalición "debe dar explicaciones de su gestión". Mientras, el principal protagonista de este drama judicial, el Gobierno español, trataba de hacer un ejercicio de tranquilidad. "Somos un Gobierno que ha hecho absolutamente todo lo que ha podido, todo lo que debía y, naturalmente, en el terreno de las imperfecciones", afirmó la vicepresidenta primera Carmen Calvo tras conocerse la decisión del Supremo.

La Sala Segunda del Supremo, a través de un auto del que ha sido ponente el propio presidente de la Sala, Manuel Marchena, considera que "no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo" y por eso las remite al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación.

En especial, según explica el auto, esas investigaciones por los juzgados ordinarios deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.

Entre los hechos denunciados destacaban que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M del presente año, días antes de la declaración del estado de alarma, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protección adecuados. Sin embargo, las querellas presentadas no ponen de manifiesto indicios concretos que permitan conectar directamente a las personas aforadas -miembros del Ejecutivo- con cada uno de los hechos generadores de su obligación de actuar.

En buena parte de las querellas y denuncias se incidía en el hecho de que el Ejecutivo de Sánchez había ocultado información. Sin embargo, el Supremo rechaza que se pueda imputar un delito de lesiones u homicidio por imprudencia grave por la supuesta inacción del Gobierno porque para ello se tiene que demostrar una relación de causalidad entre las acciones y omisiones y los fallecimientos. Además, el auto señala que se exigiría acreditar "en términos médicos" que el contagio de las víctimas tuvo su origen inmediato en decisiones del Gobierno, y sería indispensable a su vez demostrar que, de haber actuado de otra manera, se habrían evitado los fallecimientos; es decir, "que si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños".

Asimismo, en las querellas sobre la muerte en residencias se pone el dedo en la actuación del vicepresidente segundo Pablo Iglesias. No obstante, la Sala Segunda del Supremo , aún señalando que no puede ser "ajena" a la gravedad de lo ocurrido en las residencias, no ve "datos objetivos" que permitan imputar los resultados lesivos producidos sobre "cada persona afectada". Por ello, envía a los juzgados ordinarios las querellas que denunciaban estos hechos para que investiguen si esas muertes estuvieron asociadas a decisiones políticas o de otra índole, y si éstas "son susceptibles de reproche penal".

Tras conocerse la sentencia, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que el Ejecutivo está tranquilo porque ha actuado "desde el minuto uno" para proteger al país dentro de sus competencias, "con la mejor voluntad del mundo y el mayor esfuerzo del mundo". "Somos un Gobierno que ha hecho absolutamente todo lo que ha podido, todo lo que debía y, naturalmente", manifestó.

Desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe "rendir cuentas". "Los españoles no se merecen que el Gobierno esté desaparecido ni que haya decisiones que se tomen en cada comunidad autónoma", señaló.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado donde mostraba su satisfacción por la decisión del Supremo. La nota subrayaba que la argumentación de los magistrados "prácticamente reproduce el extenso y detallado informe" del ministerio público.

"Nos sentimos seguros y tranquilos de actuar con los instrumentos que tenemos"

Vicepresidente primera del Gobierno