Supongo que el lehendakari se habrá arrepentido una y mil veces de adelantar una cita electoral que, de normal, tocaba en octubre. Zaldibar primero y el coronavirus después están poniendo en la picota a un Iñigo Urkullu que, sin soporte parlamentario, se está viendo obligado a tomar decisiones difíciles de manera unilateral con el riesgo que ello comporta.

Por si todo ello fuera poco, ayer mismo decretó la situación de emergencia sanitaria y el propio lehendakari, otra vez, sin soporte parlamentario, se arrogó para sí la posibilidad de tomar una serie de medidas que, de graves que son, esperemos no se vea en la necesidad de adoptar.

Y en todo este caos, al tiempo que se reparten citaciones para actuar como vocal o presidente de mesas electorales ha surgido, sin darse mayor importancia, como si de la final de Copa se tratara, el debate sobre si habría que mantener la cita electoral o no. Francamente, da la sensación que entre liga, Copa y final de pelota a alguien se le ocurrió preguntar: ¿y qué hacemos con las elecciones? Y como hay pocas cosas que nos gusten más que un debate de estas características hay tantas opiniones como personas.

Excluidas las opiniones de quienes tienen tanto conocimiento de este tema como de cualquier otro sobre el que se les pregunte, ahora mismo las opiniones de los juristas se dividen fundamentalmente entre dos: quienes creen que decretado el estado de alerta sería posible posponer las elecciones y quienes sostienen que tal posibilidad no está recogida en el ordenamiento jurídico.

Sea cual sea la opinión jurídica que acabe por imponerse, de momento, tenemos a varios partidos políticos que han decidido de manera unilateral suspender la precampaña, según sus comunicados de prensa, por responsabilidad, lo que de alguna manera desliza el comentario de que quienes no han hecho lo propio son unos irresponsables.

Supongo que con la que está cayendo, con o sin anuncio, a nadie se le ocurrirá convocar ningún acto de precampaña, pero una decisión así no cabe dejarla al oportunismo, responsabilidad o el sentido de la prudencia de los partidos, por lo que la reunión convocada por el lehendakari para el lunes es más que oportuna.

Ahora bien, dicho esto, también espero que la decisión de aplazar o no las elecciones no se tome por intereses partidistas y la misma sea unánime porque pocas cosas podrían embarrar tanto una campaña electoral como la de que unos partidos decidieran que no van a hacerla mientras otros resolvieron justo lo contrario.

Es cierto que el 5 de abril se antoja demasiado cerca en el tiempo como para abordar un proceso electoral con las mínimas garantías de salud para quienes íbamos a ir a votar y para presidentes y vocales de mesa, e incluso interventores de partidos políticos, pero una cosa es posponer las elecciones -si jurídicamente es posible- y otra muy diferente suspenderlas sine die, como si de un concierto de música pop se tratase.

La única medida que, llegados a este punto, parecería razonable en aras a garantizar las más mínimas condiciones democráticas sería la de posponer esas elecciones, sí, pero con una nueva fecha que no vaya mucho más allá del 26 de abril. Y si la contención del virus no avanza con el ritmo deseable y esperado, que se tomen las medidas que sean necesarias para que se pueda votar a pesar del dichoso coronavirus. Nos jugamos mucho.