Los juristas piden una comisión con el Estado para prevenir conflictos de competencias

Este consenso es clave dentro del nuevo estatus de autogobierno y va al meollo político de la reforma. El PNV, y también de forma muy intensa el lehendakari Urkullu, han defendido la necesidad de poner fin a los eternos conflictos de competencias con el Estado, que ha recurrido históricamente leyes vascas por entender que se extralimitan y entran en materias reservadas a las instituciones españolas, o bien ha sido el Gobierno español ha puesto en marcha leyes con la forma de legislación básica para entrar a regular asuntos que son gestionados por Euskadi. Todos estos conflictos se dirimen en la mayoría de los casos a golpe de toga en el Tribunal Constitucional donde, además, el Ejecutivo español tiene la potestad de congelar las leyes vascas de manera cautelar nada más interponer el recurso. El PNV ha propuesto todo este tiempo blindar las competencias para que no se erosione el autogobierno ya reconocido y ya transferido a manos vascas. Por ello, pide una comisión con el Estado para resolver estos asuntos desde la política. Se inspira en la Comisión Mixta del Concierto Económico, donde ninguna de las dos partes puede actuar de manera unilateral ni imponer a la otra un cálculo sobre las relaciones financieras entre ambas partes. Este sistema lo quería trasladar el PNV al asunto de las leyes con la figura del Concierto Político. Legarda mantiene ese nombre y añade un voto particular que no ha tenido el respaldo del resto, para pedir una junta arbitral si no hubiera pacto en el nuevo órgano.

¿Qué aportaría la comisión que plantean los juristas al sistema de comisiones de cooperación que ya existe? Los juristas han acordado ahora una comisión que se va a reunir con carácter previo a la aprobación de las leyes del Estado. Que la reunión sea anterior a que la ley entre en vigor es un hecho relevante en sí mismo y ayuda a evitar la confrontación judicial. Y este órgano tendrá un carácter más estable y permanente que la comisión que existe en la actualidad. La comisión bilateral de cooperación que está vigente en el presente se reúne cuando el conflicto ya está muy enconado, cuando una de las dos partes anuncia que va a llevar una ley de la otra parte ante el Tribunal Constitucional. Y a veces se reúne como puro trámite porque no hay voluntad política de resolver el asunto. En concreto, el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que hay tres meses de plazo para acudir al tribunal después de que una ley se publique y, si se abre esa negociación bilateral en la comisión mixta, hay seis meses de plazo para resolver el asunto desde la política o, por el contrario, confirmar el recurso judicial. Esta situación cambiaría con el estatus.

El acuerdo

Los juristas nombrados por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos han acordado una comisión mixta (dejando en blanco el apellido de esta comisión) como órgano “paritario de relación bilateral en cuyo seno se analizan y, en su caso, acuerdan las especificidades derivadas de las materias propias de régimen foral”. “La comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes, con carácter preceptivo y previo a la aprobación de la legislación y resto de normativa del Estado”, concluyen. Esta comisión se constituye como “el instrumento ordinario y principal de relación” entre ambas partes. Los acuerdos “serán vinculantes para las partes y, en su caso, propugnarán su aplicación ante el resto de instancias y poderes competentes”. La composición y funcionamiento se establecerá “conforme a la naturaleza pactada del régimen foral”.

Legarda propone que se bautice como Comisión Mixta de Concierto Político, pero Basaguren y Elizondo discrepan. En el fondo subyace, por ejemplo, que los socialistas no quieren insinuar que el Tribunal Constitucional queda borrado del mapa con este nuevo sistema. El PSE quiere que quede claro que el tribunal está ahí y que no se puede obviar que es el único y último intérprete de la constitucionalidad de una ley. Cree que no se puede evitar que un tercero recurra a él por mucho que haya un acuerdo entre ambos gobiernos sobre una ley. Para lograr ese objetivo, a su juicio, se hubiera necesitado una reforma constitucional. Lo que sí tiene claro el PSE es que esta comisión debe evitar la litigiosidad. La coincidencia a la hora de interpretar el fondo de esta propuesta es total en este sentido, aunque el PNV ha dejado caer todo este tiempo que deberían existir garantías de que se va a cumplir lo pactado en esa comisión. Ahora se dice en el texto que su decisión será vinculante, aunque Legarda añade en un voto particular una comisión arbitral paritaria para aquellos casos en que no haya acuerdo ni siquiera en este órgano nuevo. La apuesta mayoritaria es una comisión que se reunirá con carácter previo a la aprobación de la ley.

El recorrido

Los expertos nombrados por los partidos para redactar el estatus de autogobierno celebraron ayer su última reunión y entregaron su texto al letrado mayor del Parlamento Vasco, una institución que ahora tiene por delante la intensa y probablemente larga tarea de analizar el consenso con matices de los representantes del PNV, PSE y Elkarrekin Podemos. La discrepancia es delicada en el derecho a decidir, con dos redacciones del PNV y de Podemos, y un voto discrepante del experto designado por los socialistas. La reunión de ayer sirvió para que los juristas realizaran unas breves declaraciones a los medios (más extensas en el caso del PP y EH Bildu, que cargaron contra este consenso). Legarda y Elizondo pusieron en valor el consenso, a pesar de las discrepancias, y Basaguren no quiso adelantar acontecimientos.

El texto pasará hoy por la Mesa del Parlamento y el próximo miércoles será analizado en la Ponencia de Autogobierno. EH Bildu hizo público el argumentario de su jurista, Iñigo Urrutia, quien defenderá su propio texto y, en el caso de la comisión bilateral, cree que no hay ninguna garantía de cumplimiento y pide invocar el “pase foral” para no aplicar una norma estatal si no hay acuerdo.