La Sala de lo Penal Tribunal Supremo que juzgó el 'procés' independentista en Catalunya ha condenado por unanimidad al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Por los mismos delitos ha condenado a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
Asimismo, por los mismos hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Catalunya ha condenado por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a los también ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull se les absuelve de malversación y son condenados a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; mientas que los líderes sociales a Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.
En cuanto a los exconsejeros que siguieron el juicio en libertad, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. Todos ellos también son absueltos de malversación.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de junio, cuatro meses y 52 sesiones después de su arranque el 12 de febrero de este mismo año. Desde entonces el tribunal ha estado deliberando por bloques jurídicos y este último fin de semana los magistrados realizaron una última lectura del texto. .No obstante, no pudieron evitar que se filtrara a los medios que la rebelión había sido descartada y las condenas serían por sedición.
Este mismo lunes a primera hora, los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Luciano Varela, Andrés Palomo, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo han firmado la resolución, que ha empezado a ser comunicada a las partes.
La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal, se aplica a quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.
FRACASÓ LA OPCIÓN DE LA FISCALÍA
Al optar por este delito, cuya aplicación es la que ha logrado la unanimidad de los siete magistrados que integran el tribunal, desde los Servicios Jurídicos del Estado se reclamaron penas rebajadas casi a la mitad con respecto a las instadas en su día por el Ministerio Público, que llegaban a los 25 años de cárcel en el caso de Junqueras.
La sedición, recogida en el capítulo de delitos contra el orden público del Código Penal, se castiga con penas de prisión de 8 a 10 años a quienes hayan "inducido, sostenido o dirigido" la sedición y con la de 10 a 15 años de prisión a las personas "constituidas en autoridad". Al aplicar la sedición en concurso medial con el de malversación -que es lo que solicitó la Abogacía del Estado, y además de formar agravada, las penas de cárcel han superado solicitado por los Servicios Jurídicos del Estado para cada uno de los encausados.
LAS CONDENAS
- ORIOL JUNQUERAS:Ex vicepresidente del Govern y ex Consejero de Economía y Hacienda.
Condenado a 13 años de cárcel y a 13 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Fiscalía pedía 25 años de prisión y los mismos de inhabilitación por rebelión agravada en su condición de líder y malversación de fondos públicos.
Abogacía solicitaba 12 años de cárcel por sedición y malversación.
La acusación popular ejercida por VOX pidió 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- JORDI TURULL:Exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern.
Condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- RAÜL ROMEVA: Exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.
Condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Fiscalía pedía 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- DOLORS BASSA: Exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
Condenada a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
La acusación popular de VOX pedía 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- CARME FORCADELL:
Expresidenta del Parlament.
Condenada a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta por delito de sedición.
La Ficalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitó 10 años de cárcel por sedición.
La acusación popular ejercida por VOX pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
- JOAQUIM FORN:
Exconsejero de Interior.
Condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Fiscalía pidió 16 años de prisión y los mismos inhabilitado por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
La acusación popular pedía 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- JOSEP RULL: Exconsejero de Territorio y Sostenibilidad.
Condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- JORDI SÀNCHEZ:
Expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitaba 8 años de cárcel por sedición.
La acusación popular de VOX pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
- JORDI CUIXART: Presidente de Òmnium Cultural.
Condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicitaba 8 años de cárcel por sedición.
La acusación popular reclamaba 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
EXCONSEJEROS DEL GOVERN EN LIBERTAD
- MERITXELL BORRÀS: Exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.
Condenada a 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelta del delito de malversación.
La Fiscalía pidió 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.
La acusación popular reclamaba 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
- CARLES MUNDÓ:Exconsejero de Justicia.
Condenado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto de un delito de malversación.
La Fiscalía pidió 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.
La acusación popular pedía 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
- SANTIAGO VILA:Exconsejero de Empresa y Conocimiento.
Condenado a la penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto del delito de malversación.
La Fiscalía pedía 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.
La acusación popular pedía multa por un delito de desobediencia.
