Bilbao - A medida que se aproxima la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos tras recibir el aval del Tribunal Supremo, también surgen los últimos conatos de resistencia a esta medida anunciada por primera vez por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio del año pasado. Ayer fue el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, el que comunicó al gabinete socialista que “esta abadía no autoriza el acceso a la basílica” para recuperar el cuerpo del dictador y trasladarlo al panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
En respuesta a una misiva de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el abad hace caso omiso de la sentencia del Supremo porque, explica, la misma hace referencia a un recurso de la familia y no al de la propia abadía. De este modo, según él, “no resuelve alegaciones esenciales planteadas en nuestro recurso”, sobre todo “la vulneración de la libertad religiosa” de su comunidad al actuar en un lugar sagrado, la basílica, y sobre una “res sacra”, la sepultura, “sin la preceptiva autorización eclesiástica”. Adelanta además su intención de recurrir a instancias superiores, ya que “la última palabra le corresponde al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
El prior Cantera, que fue candidato electoral de la ultraderechista Falange en la década de los 90, se suma así a las trabas que han ido poniendo a la decisión de Moncloa la propia familia Franco, con multitud de recursos ante los tribunales de justicia, y el juez de lo Contencioso Administrativo 3 de Madrid José Yusty, que no se ha dado por enterado de la orden del Supremo y mantiene suspendida cautelarmente la licencia de obras parar levantar la losa de la tumba. Sin embargo, el alto Tribunal les aplicó ayer a todos ellos un serio correctivo en su respuesta a la aclaración de sentencia solicitada por los nietos de Franco, que preguntaban si Moncloa puede exhumarle sin el permiso del prior.
En un auto de cuatro páginas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo asegura que “la sentencia es clara” a la hora de establecer que no hace falta licencia de obras ni autorización de la Iglesia, por lo que “la aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria”. Una respuesta especialmente contundente que, de forma implícita, se dirige también al juez Yusty y al prior del Valle. Mientras Santiago Cantera mantiene su resistencia numantina a la exhumación porque “no existe el consentimiento de la familia” y “se mantienen los principios religiosos y morales afectados”, el Supremo da por “decaída” su negativa a la actuación en la basílica, ya que la misma “no fue absoluta sino condicionada a lo que resolviera” la Sala, que decidió a favor de sacar los restos.
El alto Tribunal dejará hoy mismo el camino expedito para la salida del cuerpo del dictador, ya que está previsto que levante la suspensión cautelar que dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno, que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos -de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos-. Una vez resuelto de forma definitiva el expediente judicial, el mismo será remitido al Gobierno de Pedro Sánchez. Éste tendrá entonces luz verde para ejecutar la sentencia, lo que podría tener lugar en el Consejo de Ministros de mañana mismo.
Deseo de Franco La del prior no fue la única voz de la abadía contraria a levantar la losa de Franco, y así Joaquín Montull, miembro de la orden de benedictinos, afirmó ayer que la ley del Gobierno que insta a la exhumación “es propia de una república bananera”. En declaraciones a la Ser, el monje añadió que “la Iglesia no es el Vaticano, sino esos miles de españoles y también del extranjero que nos apoyan y que quieren que las cosas estén como están, como quiso Franco en un principio”.
En cambio, la congregación benedictina de Solesmes (Francia), a la que pertenece la Abadía del Valle de los Caídos, aseguró ayer a Efe que “no irá contra la ley” en este caso. Pidió eso sí al Gobierno español que espere a que se resuelvan todos los recursos antes de actuar.
