en contra del deseo de la familia del dictador

El Supremo avala exhumar los restos de Franco para enterrarlos en El Pardo

09.02.2020 | 16:15
Panteón en el que está enterrada Carmen Polo, la esposa de Franco, en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
Varias personas de diversas organizaciones que respaldan la campaña #NiValleNiAlmudena se concentran este martes frente al Tribunal Supremo.

Desestima en su totalidad el recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros

MADRID. Fuentes jurídicas han avanzado la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que ha desestimado en su totalidad el recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación. El contenido de la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

El Gobierno ha ganado este martes a la familia Franco después de  que el Tribunal Supremo haya avalado, por unanimidad, el  procedimiento emprendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para  exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y  trasladarlos al cementerio de El Pardo Mingorrubio, en lugar de a la  catedral de La Almudena, como preferían los nietos del general.

La decisión de exhumar a Franco fue de las primeras que tomó el  PSOE nada más llegar a La Moncloa vía moción de censura contra el  Ejecutivo de Mariano Rajoy. Consciente de las dificultades que  tendría para legislar contando sólo con 84 diputados, Pedro Sánchez  confiaba en poder exhibir la salida de los restos del dictador del  Valle de los Caídos como símbolo de su paso por el gobierno antes de  convocar elecciones.

No fue posible entonces, pero el Gobierno tendrá ahora la  oportunidad de concretar su promesa antes de unos comicios. Al menos,  lo intentará, como ha confirmado la vicepresidenta en funciones,  Carmen Calvo, nada más conocer la decisión del Alto Tribunal. En  declaraciones a la Cadena Ser, Calvo ha indicado que el Ejecutivo  intentará llevar a cabo la exhumación antes de la campaña electoral.

El Ejecutivo nunca pensó, nada más llegar a La Moncloa, que la  exhumación de Franco pudiera llegar a complicarse tanto ni que la  familia estuviera dispuesta a iniciar una batalla legal de las  dimensiones que finalmente adquirió.

Su confianza se basaba en que en mayo de 2017 todos los grupos del  Congreso, con la única excepción de PP y ERC, que se abstuvieron,  aprobaron ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras  cosas, sacar los restos del general de Cuelgamuros. Por lo que no  debería de encontrar mayores problemas para aprobar la exhumación a  través de un real decreto ley.

"Os pillará trabajando", se atrevió a vaticinar Sánchez en  conversación informal con periodistas en junio de 2018, apuntando que  la exhumación,  se concretaría antes del parón estival de agosto.

LA INGENUIDAD DEL GOBIERNO

Pero el Gobierno pecó de ingenuidad, como posteriormente  reconocería el propio Sánchez. No fue capaz de prever la férrea  oposición de los nietos de Franco a la operación, dispuestos a  iniciar una verdadera batalla judicial contra la medida, y, sobre  todo, pasó por alto un detalle que marcaría todo el procedimiento,  llegando incluso a ser el principal quebradero de cabeza para los  jueces del Tribunal Supremo: la sepultura a perpetuidad que la  familia tiene en la cripta de la catedral de La Almudena.

El Ejecutivo siempre pensó que la familia, cuando no le quedara  más remedio, accedería a trasladar los restos de Franco al panteón  del cementerio de El Pardo Mingorrubio donde está enterrada la mujer  del dictador y que pertenecía a Patrimonio Nacional, ahora a  Patrimonio del Estado.

Desconocía que la familia Franco, por parte de su hija, Carmen  Franco, poseía una sepultura a perpetuidad en la cripta de la  catedral de La Almudena, donde a los nietos les gustaría trasladar  los restos de sus dos abuelos, que reposarían así junto a su única  hija, que reposa en la actualidad junto a su marido, el marqués de  Villaverde.

Este descuido llevó a que el Gobierno sólo se reservase la  competencia de decidir el lugar de reinhumación de los restos de  Franco en caso de que la familia renunciase a hacerse cargo de ellos  o no indicara en tiempo y forma al Ejecutivo dónde querría enterrarlo  de nuevo. Pero nada se decía en el acuerdo del Consejo de Ministros  sobre qué pasaría si el lugar escogido no era del agrado del  Gobierno.

Por eso cuando la familia hizo público su deseo de enterrar a  Franco en La Almudena, en caso de no conseguir parar la exhumación,  la primera reacción del Gobierno fue la de admitir que no podía hacer  nada al respecto. "En principio el Gobierno no puede ir más allá de  lo que su familia decide", admitió la vicepresidenta Carmen Calvo en  una entrevista en Onda Cero, en la que indicó que si la Iglesia no  tenía reparos en que fuera enterrado allí, el Gobierno tampoco podía  hacer nada.

Esta posición cambió unos días después, tras una visita de la  propia Calvo al Vaticano para entrevistarse con su secretario de  Estado, Pietro Parolin, con el que acordó, según la versión de Calvo,  trabajar para encontrar una salida al nuevo lugar de enterramiento de  Franco que "obviamente" no podía ser La Almudena.

Las palabras de Calvo levantaron polvareda y obligaron al Vaticano  a desmentirla, negando que se hubiesen pronunciado al respecto del  nuevo lugar de enterramiento del dictador.

Más allá de la polémica sobre si la Iglesia ve bien o no que  Franco sea llevado a La Almudena, a principios de 2019 la Delegación  de Gobierno emitió un informe para desaconsejar por motivos de  seguridad y de orden público el enterramiento de los restos del  dictador en un lugar tan céntrico, un documento que la familia y su  entorno consideraron que el Ejecutivo se "sacó de la manga" al verse  sorprendido con la elección de esa ubicación.

El supuesto derecho de la familia a elegir el lugar de  enterramiento de los restos del dictador ha sido uno de los temas que  más ha centrado la discusión de los jueces del Supremo. Pero incluso  en este caso el Alto Tribunal ha dado la razón al Gobierno.