bilbao - Los 47 encausados en el macrosumario a los abogados y grupos de apoyo a los presos de ETA han eludido su ingreso en prisión tras acordar con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las asociaciones de víctimas personadas en la causa una rebaja de condenas a cambio de reconocer su “participación activa” en la organización armada manteniendo la cohesión de los presos. A pesar de la reducción de la pena, Arantza Zulueta y Jon Enparantza tendrán que entrar en la cárcel por unos meses.
Zulueta y Enparantza ya estuvieron en la cárcel de manera preventiva tras la operación llevada a cabo por la Guardia Civil en tres fases contra todo este entramado. Los dos abogados son considerados los responsables de KT, el grupo coordinador de lo que se conoce como frente de makos. Inicialmente la Fiscalía pedía para ambos 14 años de cárcel por participar en “organización terrorista en grado de dirigente” pero con la rebaja les ha quedado en una petición de tres años y medio para Zulueta y dos años y siete meses para Enparantza. Tras serles descontados los años que estuvieron en prisión preventiva después de ser detenidos en 2014 por estos hechos, deberán volver a la cárcel para cumplir los cinco meses restantes hasta liquidar su condena.
El resto de los acusados, para los que el fiscal pedía entre ocho y once años de cárcel, han sido condenados a un año y seis meses de inhabilitación. Entre los 47 integrantes de la trama etarra que se dedicaba, entre otras labores, al control de los presos de ETA, se encuentran el exsenador de EH Bildu Iñaki Goioaga y la abogada Amaia Izko. Diecisiete de los condenados están desempeñando actualmente trabajos con cargo a erarios públicos. Con esta condena deberán abandonarlos. La sentencia les sitúa como responsables en concepto de autor directo de un delito de participación activa en organización terrorista a penas de dos años o un año y medio de cárcel.
El acuerdo entre los encausados, por una parte, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las asociaciones de víctimas AVT y Dignidad y Justicia, por otra, permitió dar carpetazo casi nada más empezar al primer macrojuicio contra el entorno de ETA después del desarme y la disolución de la banda y probablemente el último juicio con tantas personas encausadas.
Algunas fuentes jurídicas y de asociaciones de víctimas consultadas por este diario señalan que el acuerdo estaba prácticamente cocinado desde el verano a expensas de algunos flecos de última hora, lo que ha permitido a la izquierda abertzale desplegar una fuerte campaña social en contra de este macrojuicio, incluida la manifestación multitudinaria del pasado sábado en Bilbao, aun sabiendo el desenlace.
Los 47 encausados llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones que reduce sustancialmente sus condenas, lo cual implica admitir su participación en la estrategia de ETA para mantener a los miembros del EPPK (colectivo oficial de presos) políticamente activos, con una actitud permanente de “lucha” en el interior de las prisiones.
A preguntas del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, cada uno de los encausados reconoció los hechos de acusación y su participación en ETA ante el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara. El presidente del tribunal fue llamando uno por uno a los 47 acusados y el fiscal les preguntaba si reconocen los hechos objeto de acusación, a lo que todos respondieron con un escueto “bai” o “sí”. A continuación, las partes personadas en el procedimiento renunciaron a la presentación de prueba durante la vista.
En virtud del acuerdo de conformidad con Fiscalía, la inmensa mayoría de los acusados aceptan condenas menores -la mayoría carece de antecedentes- por participación activa en organización terrorista. Los que sí tienen antecedentes cumplirán la condena en libertad vigilada. Todos aceptan también inhabilitación absoluta un año y medio más.
No es la primera vez que la izquierda abertzale llega a un acuerdo con la fiscalía para eludir la prisión. La primera vez fue con motivo del macrojuicio de la redada de Segura en el que una treintena de dirigentes de Sortu, incluido Rufi Etxeberria, pactaron para no ir a la cárcel. Posteriormente, Hasier Arraiz, entonces líder de Sortu, pactó con el fiscal, una estrategia hasta entonces vetada a los presos de ETA, que se exponían a ser tachados de traidores si lo hacían por parte de la ortodoxia de la izquierda abertzale, del EPPK y de ETA.
complemento de eta Con el acuerdo alcanzado entre las partes, el colectivo de abogados reconoce su integración orgánicamente en una estructura que dependía directamente de ETA, siendo todos sus miembros plenamente conscientes de esta situación y de que las actividades de asistencia jurídica y de recopilación de información que realizaban servían para complementar las actividades de la banda. Y así, admiten que era ETA la que definía las líneas generales que debían seguir para la defensa jurídica de los miembros del colectivo de presos.
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu tildó de “sinsentido” el macrojuicio e indicó que no es “tiempo de que se repitan estos juicios” sino que “es tiempo de soluciones y de vaciar las cárceles”. Asimismo reprochó que los 47 acusados estén obligados de acudir a un juicio por “pertenecer a una organización que ya no existe”.
