Torra amaga con no comparecer ante el juez

Aunque lo dijera en condicional en una entrevista en El Punt-Avui, Torra vino a reafirmarse en su opción de dejar plantada a la Justicia. Es una postura que ha dejado caer durante los últimos días, en los que Torra ha predicado con la desobediencia civil como fórmula más idónea para responder a los “ataques contra el soberanismo”. “Quien tiene un problema es el TSJC. Hemos de saber si se respeta la separación de poderes. Mi respuesta de si voy al juicio hay que entenderla en el marco en que nos movemos”, afirmó el president. Además, censuró que la Fiscalía no respaldase su petición de retrasar su comparecencia, fijada para los próximos días 25 y 26 de septiembre, por coincidir con el Debate de Política General en el Parlament.

“¿Cuando hablamos de confrontación democrática, de qué estamos hablando?”, se cuestionó Torra, que se contestó a renglón seguido. “Pues que nos plantamos delante de un Estado autoritario y represivo que utiliza todos los poderes para tirar hacia adelante con su idea. Por eso estamos enfrentados democráticamente y de manera no violenta, con las únicas armas de la desobediencia civil”, sostuvo el president. A su juicio, los jueces se han alineado “a favor del 155 y de retirar lazos”, argumentó Torra, que de antemano se mostró seguro de que será inhabilitado por este caso. “Esto sigue un camino que inevitablemente ha de acabar con la inhabilitación (...) Con un tribunal imparcial, justo y riguroso, esto no pasaría, pero la Justicia española busca dar el golpe de estaca definitivo al movimiento independentista catalán y a mi persona”, señaló.

Tres opciones Torra ya amagó con no acudir al TSJC cuando fue llamado a declarar el 19 de mayo por el caso de los lazos amarillos. Ya entonces aseguró que “la Junta Electoral Central no tenía competencias para dar esa orden”, tras la que, como ahora, vislumbró “una motivación política”. Pero lo cierto es que se abren tres vías si el president no acude, con un caso que podría pasar a manos del Tribunal Supremo: la primera sería que el juicio se celebrara sin el acusado, que es una opción que la ley prevé. La segunda, que se fijara otra fecha. Una tercera sería rocambolesca: que la orden de comparecencia se convirtiera en orden de detención y que los Mossos d’Esquadra tuvieran que detenerlo, aunque el Estatut califique de “inviolables” a los parlamentarios catalanes.