CASO PÚNICA

El cerco judicial sobre Aguirre ensombrece la próxima elección de Ayuso

La Fiscalía pide imputar a la ‘lideresa’ y Cifuentes por la ‘caja B’ del PP de Madrid

09.02.2020 | 11:25
Aguirre y Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid, en el punto de mira.

La Fiscalía pide imputar a la ‘lideresa’ y Cifuentes por la ‘caja B’ del PP de Madrid

BILBAO - La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica, macrosumario sobre corrupción en la Comunidad de Madrid, reclamando también que se haga lo propio con otro expresidente regional, Ignacio González. Esta petición contra la lideresa ensombrece el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox que llevará a dirigir este territorio a la popular Isabel Díaz Ayuso, en tanto que quien ejerció como mentora política suya fue Aguirre, que hasta la fecha había conseguido mantenerse siempre al margen de los escándalos protagonizados por sus colaboradores directos pese a que la lacra de la corrupción fue la tónica de sus gobiernos y ha esquivado siempre las consecuencias judiciales tras negar su participación en esas conductas ilegales. Ayuso, también experta en comunicación y redes sociales, fue tan brazo derecho de la veterana dirigente del PP que se encargaba hasta de gestionar la cuenta de Twitter de Pecas, el perro fallecido de Aguirre que adquirió gran popularidad al ser partícipe de la campaña de las municipales a las que se presentaba la expresidenta madrileña.

El ministerio público reclama que las expresidentas e Ignacio González declaren en la pieza separada sobre la presunta financiación ilegal del PP, una de las 16 ramas en que se ha dividido la instrucción, que se inició en 2014 y debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020. Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez presentaron un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que se reordena la macrocausa y reduce de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción que se lleva investigando desde 2014. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa. En ella se han precisado los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación -que ha llegado a superar las 200 personas- "con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil", según Anticorrupción. En este sentido, se solicitan nuevas declaraciones de investigados, testigos, así como aportación de más prueba documental.

Concretamente, en la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigados a Aguirre y Cifuentes, al expresidente de Indra Javier Monzón y a la propia empresa. Todo ello después de que la UCO situara a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular del PP durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los populares madrileños. Esta investigación se inició tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

No obstante, los investigadores han implicado a Aguirre en escasas ocasiones recientes. La primera vez fue en un informe del pasado marzo en el que sitúan a la expresidenta madrileña, sin concretar la fecha ni el papel que desempeñó, en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de Daniel Horacio Mercado que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.

La siguiente vez que Aguirre fue señalada expresamente por la UCO fue en el último informe entregado al magistrado instructor en el que se indica que, según la agenda de González, la expresidenta madrileña asistía junto a él y otras autoridades del Gobierno autonómico a reuniones con Indra -antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril-, que supuestamente habría financiado con 566.497,58 euros la campaña electoral de 2011 a través de contratos falsos. García Castellón estudiará a fondo el escrito de Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este asunto.

los pagos de cifuentes En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam, próxima al PP de Madrid, a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales". Otro informe de la Guardia Civil destacó que Cifuentes era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. - DEIA/E.P.

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