Bilbao - El comité de expertos designado por los grupos de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco han solicitado la ampliación del plazo que se les dio para presentar un texto articulado de nuevo estatus para Euskadi, que concluía este mes, y ha puesto como fecha máxima de entrega del documento el 30 de noviembre, según el escrito de la petición oficial, al que tuvo acceso este medio.

Durante la pasada campaña electoral, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, denunció el impasse que se estaba produciendo en el foro parlamentario, al asegurar que el grupo de especialistas no había avanzado en el texto articulado que se le mandató. Por ello, anunció que a mediados de este mes la coalición soberanista plantearía su propio documento.

Este anuncio causó malestar en el PNV y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, le replicó que esperaba que la coalición soberanista no quisiera “dinamitar la ponencia”. Por su parte, la europarlamentaria jeltzale, Izaskun Bilbao, consideró que EH Bildu “rompía totalmente el acuerdo” alcanzado en la Cámara vasca para consensuar un nuevo estatus, al actuar de forma unilateral.

Ayer mismo, la coalición soberanista aseguró que estaba dispuesta a que se ampliara el plazo para que el grupo de expertos realice esta labor, si así lo solicitaban, pero que el tiempo que se estableciera tenía que estar acotado e ir acompañado de “un compromiso de cumplir el mandato parlamentario”. Los cinco juristas han reclamado, finalmente, un aplazamiento por un periodo que no exceda el 30 de noviembre. Dicha petición será abordada por la Mesa del Parlamento Vasco el próximo martes, con el fin de dar traslado de la misma a la ponencia. El grupo de expertos está formado por Mikel Legarda (propuesto por el PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).

Fuentes de EH Bildu citadas por Europa Press recordaron que, tras el “histórico” acuerdo alcanzado con el PNV sobre las bases del documento que debe sustituir al Estatuto de Gernika -que incluía el derecho a decidir y reconocer a Euskadi como nación-, se encomendó a un grupo de expertos “la traslación jurídica” de los consensos políticos y se les concedió un periodo de ocho meses para ello. Alcanzado ese plazo, “el texto no está ni siquiera cerca de terminarse”, por lo que criticaron una “falta de voluntad política e intereses electorales”, pese a lo que abogaron por ampliar el plazo.