BILBAO - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló ayer contra el recurso del miembro de ETA Gorka Fraile Iturralde y dio la razón por primera vez al Estado español respecto a la política de alejamiento de los presos de la organización ya desarmada. Así, Estrasburgo respalda la decisión de la Justicia de mantener a Fraile en la prisión de Badajoz pese a sus solicitudes de traslado a Euskadi para estar más próximo a sus familiares.

El órgano europeo entiende en su sentencia que la política de dispersión está justificada y amparada por la ley, por lo que no vulneró los derechos fundamentales del preso. “El Tribunal considera que el objetivo de las autoridades españolas al mantener la ubicación del recurrente en la prisión de Badajoz era garantizar una disciplina adecuada en las cárceles y aplicar su política con respecto a los presos de ETA”, dice el fallo publicado ayer. Sin embargo, el TEDH enmarca su decisión en el contexto en el que ETA todavía existía como organización, al defender que la dispersión de Fraile persiguió “la prevención del desorden y el delito y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

Este mismo tribunal ya rechazó hace dos años los recursos de tres miembros de la banda -Ione Lozano, Alex Zobaran y Urko Labaka- contra el Estado francés, argumentando que recibían las visitas de sus allegados puntualmente en prisión a pesar de la dispersión. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que el TEDH se pronuncia respecto a un caso de la Justicia española.

Fraile, que cumple una pena de 25 años de prisión por colaboración con banda armada y tenencia de explosivos, solicitó hace tres años el acercamiento al centro penitenciario de Durango alegando las dificultades de sus familiares -mujer, hija y padres de una edad avanzada- para ir a visitarlo a la cárcel extremeña. Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Constitucional denegaron sus recursos, ya que entendían que no se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

Estrasburgo da ahora la razón a los órganos españoles. Aunque admite en el fallo que se ha producido una “interferencia” en el derecho a una vida familiar por la situación provocada con el alejamiento del recluso, considera que esta medida “tiene base” en la legislación del Estado y se adopta “de conformidad” con la misma. El TEDH entiende además que la norma española proporciona “amplias garantías” a los reclusos.

En el caso concreto de Gorka Fraile Iturralde, la sentencia del tribunal europeo habla de “falta de pruebas” de que los vínculos del preso con sus amigos y sus allegados se vieran afectados por la política aplicada al recluso. Estrasburgo avala además que el Constitucional rechazase el recurso de amparo que el recluso presentó ante dicho órgano.

“no tiene sentido” Las valoraciones a la decisión de Estrasburgo no se hicieron esperar y una de las primeras fue la del Gobierno vasco, que reiteró su posición favorable al fin del alejamiento de los reclusos de ETA. En palabras del portavoz, Josu Erkoreka, la política de dispersión “no tiene sentido”. En la rueda de prensa posterior al consejo del Ejecutivo, reaccionó a la sentencia y, aunque quiso ser “cauto” en su pronunciamiento, criticó que el alejamiento se mantenga a pesar de que ETA ya no existe.

En ese sentido, Erkoreka defendió que una política de acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares habituales de residencia o en los que residen sus familia sería “más acorde” con el sentimiento humanitario y los derechos humanos, y además sería “una política más inteligente” desde el punto de vista de objetivos y valores como “la resocialización y la reeducación” de los reos de ETA. “Esa reinserción social se produce de manera mucho más sencilla si hay proximidad, si hay cercanía, si hay vida familiar, si hay una cierta proximidad con el entorno social al que se van a reinsertar una vez cumplidas las condenas”, argumentó.

Por su parte, la asociación de familiares de reclusos de ETA, Etxerat, lamentó que Europa haya “blanqueado la política penitenciaria de excepción que mantiene el Estado español”. En este sentido, el colectivo criticó que Estrasburgo no tenga en cuenta que “el mantenimiento de ese vínculo afectivo, el hecho de que Fraile recibiera visitas en una prisión lejana, supone un inmenso desgaste físico, psicológico y económico para su entorno familiar y social”. La asociación apunta además que la distancia “motivaba que precisamente sus padres, debido a su edad avanzada y sus problemas de salud, no le pudieran visitar” y complicaba “la relación con su compañera e hija de corta edad”.