gasteiz - El Gobierno exhumará los restos de Franco del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio, a puerta cerrada, con invitación a la familia para asistir y celebrar algún tipo de ceremonia si lo desea, y trasladará el cuerpo del general al cementerio de titularidad estatal de Mingorrubio, junto al palacio de El Pardo, donde reposará junto a su esposa, Carmen Polo; y a significados miembros de la dictadura como Luis Carrero Blanco o Carlos Arias Navarro. Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al término de un Consejo de Ministros sin medidas de calado social como las de semanas precedentes, que la oposición tildó de electoralistas e incluso de ilegales.
Aunque la Junta Electoral Central dio vía libre a los viernes sociales que denunciaron PP y C’s, sí advirtió de que censuraría cualquier ejercicio de proselitismo socialista, y así ayer Calvo trató de transmitir de forma fría un anuncio de igual o superior impacto mediático que los precedentes a poco más de un mes de los comicios generales. La exhumación de Franco fue una de las primeras medidas que anunció Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa, en junio del año pasado, pero la gestión del asunto desde el Gobierno y la pelea judicial y mediática de la familia del dictador para evitar su salida del Valle de los Caídos han impedido llevarla a cabo antes de que acabe la legislatura.
Con la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros, el Gobierno da un último y sonoro aldabonazo y deja el asunto en manos de la Justicia y de la ciudadanía. De la Justicia porque la familia Franco recurrió la exhumación al Tribunal Supremo, que podría suspenderla o incluso revertirla si ya se ha consumado. De la ciudadanía porque el 28 de abril hay elecciones generales en España y un cambio de Gobierno podría dar al traste con la medida, aunque lo más probable es que el 10 de junio siga el actual Gobierno en funciones.
Calvo no eludía ayer estas circunstancias y se agarraba a la reivindicación del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica para rescatar un asunto que despierta pasiones tanto a un lado como al otro de espectro sociológico español. Calvo afirmó que la decisión de fijar la fecha del 10 de junio busca separar la exhumación de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo y “garantizar así el transcurso de un tiempo suficiente para salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los interesados”, informa Europa Press.
En cuanto a la posibilidad de que haya un gobierno no socialista a pleno rendimiento el 10 de junio, Calvo aseguro que tendría que cambiar la Ley para evitar la exhumación. “A menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo, lo tiene que hacer”, enfatizó.
La vicepresidenta trataba de acompañar la orden de exhumar a Franco en menos de tres meses de una imagen de firmeza y de reivindicación de las competencias del Gobierno, y así insistió varias veces en que el Ejecutivo ha de tomar sus decisiones con independencia de lo que luego dictamine el Supremo.
Y esas decisiones, ésta en concreto, persigue poner fin a la situación “extraña de la democracia española”, que mantenía a un dictador “en situación de exaltación” rechazada tanto por el grupo de expertos que abordó el asunto en 2011 como por organizaciones internacionales como Naciones Unidas.
Así pues, “lo urgente” era sacar a Franco del Valle de los Caídos y ya después abordar el futuro del entorno, que para el Gobierno debe permanecer como un lugar de “memoria y recuerdo” de las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos allí enterradas. “Iremos por partes. Hemos empezado por lo más urgente, que era sacar los restos del dictador, que perturban a las verdaderas víctimas de ambos bandos, para después convertirlo en un lugar de reposo y respeto”, afirmó.
Por otro lado, Calvo afirmó que la exhumación se llevará a cabo sin “comunicación ni convocatoria pública” y que se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido para “preservar la intimidad” de la familia y “de los restos del dictador”. A nadie se le escapa, en todo caso, que la fijación de día y lugar para el acto concentrará la atención de los medios en la tarea con la que Pedro Sánchez decidió empezar la legislatura en La Moncloa y que quiere encarrilar antes de que la ciudadanía vaya a las urnas.
La familia del dictador ha tratado por todos los medios de evitar la exhumación, y a ella achacó Calvo el hecho de que la cuestión se haya dilatado hasta precipitar en pleno periodo pre y poselectoral. “Han utilizado los procedimientos procesales para articular su discrepancia”, algo legítimo “en un país garantista”.
el gobierno, “órgano oportuno” Además, insistió en varias ocasiones en que la Iglesia ya ha adelantado que no se opondrá a la exhumación de los restos de la Basílica del Valle de los Caídos y acatará la decisión que tome el órgano oportuno, “que es el Consejo de Ministros”. En cuanto a la licencia urbanística para levantar la lápida bajo la que se encuentran los restos, que fue suspendida por un juzgado de lo contencioso-administrativo, fuentes del Gobierno recordaron que el asunto fue estudiado por 17 jueces y solo uno de ellos la ha aceptado. Por ello, la Abogacía del Estado va a solicitar que se acumulen todas las causas, lo que debe hacer ante el primer juez que resolvió el asunto.
