Bilbao - La ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 se asoma nuevamente a un escenario de riesgo e incertidumbre política con el ciclo electoral que se avecina, y que mantendrá en suspenso la actividad del Parlamento Vasco mientras duren las campañas. El texto impulsado por PNV y PSE, que en realidad es una leve reforma pactada con el presidente español Pedro Sánchez a cambio de que retirase el recurso que interpuso Rajoy ante el Tribunal Constitucional, aún debe cumplir dos trámites antes de su aprobación definitiva. En teoría, podría exponerse a nuevos retrasos por el parón parlamentario o, incluso, quedar en el aire con un cambio de mayorías en Madrid tras las elecciones generales del 28 de abril. Sin embargo, todos los riesgos parecen conjurados. Las fuentes consultadas por DEIA avanzan que hay margen para aprobar la norma antes del inicio de la campaña de las elecciones generales el 12 de abril, y que la intención de los promotores, de hecho, es activarla antes de que cese la actividad parlamentaria.
La idea siempre había sido aprobar la ley por urgencia para zanjar cuanto antes el conflicto judicial en el Constitucional, que no ha notificado el archivo a pesar de la retirada del recurso. La ley ya está en la recta final y acaricia la aprobación necesaria para cerrar este contencioso jurídico. El debate de las enmiendas en ponencia ha terminado. Es público desde hace días que el dictamen se aprobará en la Comisión de Derechos Humanos el día 15, el viernes de la próxima semana. A partir de ahí, solo quedará pendiente la votación en pleno, y la voluntad de los promotores es aprobar la ley antes de que se suspendan las sesiones por las convocatorias electorales. Hasta el día del inicio de la campaña de las generales, fijado para el 12 de abril, hay cuatro plenos ordinarios previstos.
Las fuentes consultadas avanzan que sería posible, incluso, llevar el dictamen del viernes día 15 a la Mesa inmediatamente posterior (que será el miércoles siguiente y no el martes) para incluirlo en el orden del día del pleno más próximo y disponible. No parece muy viable que sea el del día siguiente, el jueves 21. La propia entrada en la Mesa el miércoles parece un plazo un tanto ajustado que quedaría desbaratado si algún grupo decidiera mantener vivas sus enmiendas, algo que podría ocurrir con el PP, que se opone a esta ley. En ese caso, se llevaría a la siguiente Mesa. La ley podría votarse en la sesión ordinaria del jueves día 28 de marzo. Todavía quedarían dos plenos más como colchón.
Nadie contempla que se llegue a la campaña sin esta ley aprobada. En ese caso, habría que fiarlo todo al breve periodo de actividad antes de la nueva suspensión por las elecciones municipales y forales del 26 de mayo. Esperar a junio o septiembre se considera descabellado. En cuanto a las mayorías, la aprobación está garantizada porque EH Bildu y Elkarrekin Podemos no quieren obstaculizarla.
la urgencia En esta tramitación, PNV y PSE han caminado con pies de plomo y con la consigna de la seguridad jurídica para no poner en el alambre la reparación de un agravio histórico a las víctimas. Tras el pacto con Sánchez para dejar aún más claro que la ley se centra en reparar a las víctimas y no en señalar a los culpables o emular un proceso penal que suplante la labor de los tribunales, el presidente retiró el recurso de Rajoy y quedó claro que en la tramitación posterior en el Parlamento no se podía poner en riesgo este pacto que ha sido vital para desactivar el conflicto judicial. Menos aún en un escenario de intensa presión por parte de algunos sindicatos policiales y de la Guardia Civil, o del propio PP con su senador Ignacio Cosidó, todos ellos maniobrando para relanzar el contencioso. Por lo tanto, solo se aceptó una enmienda de EH Bildu, que ni siquiera alude a esta ley, sino a una prórroga en el plazo del decreto anterior que cubría a las víctimas entre 1960 y 1978. El debate se cerró por la vía exprés, en una sola reunión de la ponencia. Cuando el texto se pruebe en pleno, se espera que decaiga el conflicto en el Constitucional, de ahí la relevancia de que se apruebe cuanto antes.
Aunque Sánchez retiró el recurso, el tribunal no despachó de manera automática el conflicto y tiene todavía abierta la carpeta de la ley de 2016, la que ahora se está reformando con estos cambios. Si detecta que ya se ha corregido la ley, el procedimiento judicial perdería su razón de ser. El presidente español vinculó la retirada de su recurso a la aprobación de esta reforma, de manera que el aval definitivo del Parlamento es la señal que esperan en el Constitucional para dar por zanjado el asunto. Ese flanco es la principal amenaza que se cierne sobre la ley. Tenerla aprobada y contar con el archivo en firme en el Constitucional son dos hitos que complicarían, incluso, que un gobierno diferente diera el paso de reactivar el conflicto.
Solo un recurso del Gobierno español ante ese tribunal tiene la capacidad de suspender de manera automática la ley de manera cautelar mientras se decide sobre el fondo del asunto y, por tanto, puede parar en seco el proceso de reconocimiento a las víctimas. El PP tiene el número de diputados y senadores necesario para recurrir ante esa misma instancia, pero solo un pleito gubernamental puede congelar de manera automática la ley. Por ello, aunque se admitiera a trámite un recurso popular, la sentencia tardaría años en llegar y el proceso de reparación estaría completo. Una sentencia con el proceso ya culminado no tendría efectos prácticos. En paralelo, sindicatos policiales como el SUP han llevado este asunto a instancias ordinarias, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cortocircuitó su ofensiva en enero al tumbar su recurso.
Será una comisión de expertos, con el forense Paco Etxeberria, la encargada de evaluar las denuncias. Podría verse amparada una horquilla de entre 300 y 450 víctimas. Se habla de casos como el de Gladys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista, o los jóvenes Lasa y Zabala, secuestrados y asesinados por los GAL. El PP exige una sentencia que acredite cada caso.
