BILBAO. La publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, al tiempo que pone en marcha la maquinaria electoral, sitúa en primer plano a la Diputación Permanente, que sustituye al Congreso con el fin de adoptar medidas que se consideren de urgencia. Este órgano ha adquirido, no obstante, una especial relevancia con el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de echar mano del mismo para tratar de sacar adelante decretos ley cada viernes en el Consejo de Ministros hasta la misma cita electoral.

Tal y como establece el reglamento del Congreso, la finalidad de la Diputación Permanente es “velar por los poderes de la Cámara cuando esta no esté reunida”, lo que incluye la disolución o expiración de su mandato. Conforme al artículo 57.1 del reglamento del Congreso, en esos casos la Diputación asume “todas las facultades” que la Constitución atribuye a la Cámara baja en relación con los decretos ley. Ello garantiza que no haya ningún momento de vacío de poder en el Poder Legislativo y que los decretos ley que apruebe el Gobierno podrán ser sometidos al debate de convalidación o derogación que en situación ordinaria asume el Pleno.

Además de convalidar los decretos ley dictados por el Gobierno, las funciones de la Diputación Permanente incluyen alargar el estado de alarma más allá de los 15 días que puede establecer el Consejo de Ministros, proclamar el estado de excepción y declarar el estado de sitio, es decir, cuestiones que revisten de urgencia. La del decreto ley es, no obstante, la vía que emprenderá Moncloa para adoptar decisiones dentro de lo que califica como viernes sociales. En el último Consejo de Ministros aprobó los relativos a la ampliación del permiso de paternidad, la preparación de un posible Brexit duro y la regulación del mercado de la vivienda.

La facultad de convocar la Diputación Permanente reside en el presidente del Gobierno, por iniciativa propia o a petición del Congreso, y en cuanto a su composición estará formada por 64 diputados, repartidos de forma proporcional en función de los diputados obtenidos por cada uno de los grupos. En este caso, el Grupo Popular tendrá 25, el Socialista 15, Unidos Podemos-En Comú-Marea 12, Ciudadanos 6, el Grupo Mixto 4, ERC 2 y el Grupo Vasco 1. Presidida por la propia Ana Pastor, incluye a primeros espadas de cada formación como los populares Teodoro García Egea, Javier Maroto y Rafael Hernando; los socialistas Adriana Lastra y Odón Elorza; Alberto Garzón, Ione Belarra, Pablo Iglesias e Irene Montero de Unidos Podemos y, por parte del PNV, Aitor Esteban, entre otros. No está incluido en esta terna Pedro Sánchez, que renunció a su escaño a principios de legislatura y que, por tanto, cuando acude al Congreso lo hace en calidad de presidente del Gobierno y no tiene derecho a voto.

Esta declaración de intenciones, consecuencia directa de la decisión de Sánchez de adelantar los comicios una vez decayó el proyecto de presupuestos de este año, ha provocado una de las mayores broncas con la oposición de los ocho meses de mandato del líder socialista, un enfrentamiento cuyas consecuencias todavía están por ver. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, criticó el lunes que se vaya a usar la Diputación Permanente “con fines partidistas” y acusó al gabinete Sánchez de “ir dopado” al 28-A. La Mesa del Congreso ha encargado un informe jurídico sobre la pertinencia de la tramitación parlamentaria de los decretos ley en periodo electoral y con las Cortes disueltas.

Un argumento en el que insistió ayer el presidente del PP, Pablo Casado, que acusó al Ejecutivo de intentar hacer en ocho semanas “lo que no ha hecho en ocho meses”. Calificó esta estrategia de “propia de países no democráticos” y anunció que piensa recurrir ante la Junta Electoral los decretos aprobados por esta vía, ya que pueden ser constitutivos de alguna ilegalidad “al intentar instrumentalizar las Cortes con medidas electorales”. La portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, afirmó en RNE que no descartan acudir al Tribunal Constitucional porque estos decretos “no son de urgencia ni de extrema necesidad, solo son propaganda del PSOE y de Pedro Sánchez”.

Dirigentes del PSOE se defendieron ayer como gato panza arriba y así el ministro de Fomento, José Luis Abalos, calificó de “falacia” que el Ejecutivo esté gobernando a golpe de decreto, “porque es el Congreso, el conjunto de la soberanía, el que debe convalidar los decretos que aprueba el Consejo de Ministros”. Efectivamente, para sacar adelante estas medidas Sánchez deberá fiarse a la mayoría parlamentaria que le aupó a la presidencia apoyando la moción de censura contra Rajoy.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, arremetió contra Ana Pastor por sus críticas a esta forma de proceder, tachándola de “hooligan del PP” y acusándola de “falta de neutralidad”. “Dopadas fueron las listas del PP financiadas con dinero de la corrupción”, apostilló.