La Haya - El alto tribunal de la ONU escuchó ayer cómo la premio Nobel de la Paz y líder de Myanmar (antigua Birmania), Aung San Suu Kyi, defendió la actuación del Ejército de su país contra la minoría musulmana rohinyá a pesar de las acusaciones de genocidio. Suu Kyi compareció ante los 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y aseguró que la exposición del día anterior de Gambia, el país denunciante, era “engañosa e incompleta”.

Según Gambia, Myanmar ha violado la Convención contra el Genocidio debido a las “operaciones de limpieza” que el Ejército ha desplegado en el país. La principal evidencia presentada por el país africano fue un informe de la comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Myanmar, en el que se dijo que hubo elementos de “genocidio intencional” en la actuación de las Fuerzas Armadas birmanas, lo que provocó la muerte de miles de rohinyás.

La vista oral de ayer se reservó para la respuesta de Myanmar y Suu Kyi la dividió en varias partes. En primer lugar, dijo que la actuación del Ejército en Rakáin, en 2017, responde a “un conflicto interno armado” contra grupos rebeldes, entre ellos el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán. Suu Kyi describió ataques a los que han hecho frente varias comisarías de policía, que tuvieron como objetivo a miles de agentes. En tal sentido explicó que el término “operaciones de limpieza”, utilizado por las Fuerzas Armadas para las actuaciones de respuesta en Rakáin, “ha sido distorsionado”, porque “en la lengua de Myanmar” significa “liberación de localidades” y se realizan para “buscar terroristas”.

Justicia internacional, fuera Reconoció como cierta la posibilidad de que los militares hayan cometido abusos, pero añadió inmediatamente que “se han implementado medidas de seguridad en la zona de conflicto”. Por otro lado, aseguró que la Justicia internacional no debe intervenir porque Myanmar ya ha puesto en marcha tribunales que juzgan las actuaciones más polémicas del Ejército.

“Si los militares han cometido delitos, serán procesados por la Justicia militar, tal y como dice la Constitución de Myanmar”, aseguró. “¿Cómo puede haber un intento de genocidio si estas medidas se han puesto en marcha en Rakáin?”, se preguntó en voz alta ante los jueces. Otro de los argumentos presentados por Myanmar es que el número de rohinyás muertos en el conflicto, unos 10.000 según los datos disponibles, no sería suficiente para probar un crimen tan grave como el de genocidio.