Bogotá - La muerte a balazos de un exguerrillero de las FARC desmovilizado generó una gran controversia este domingo en Colombia. El Ministerio de Defensa informó inicialmente de que falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero para la comunidad donde sucedieron los hechos se trató de una ejecución extrajudicial en la que, además, le fueron mutilados los genitales. El episodio ocurrió el 22 de abril en la aldea Campo Alegre, del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó dos días después de que un cabo del Ejército bajó por un caño en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cuando se encontró con el exguerrillero Dimar Torres, quien al parecer intentó quitarle el fusil. “En la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció”, explicó Botero a periodistas.

Al ser informado de lo ocurrido, el Ejército asignó “equipos multidisciplinarios para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió” la muerte de Torres, según un comunicado de la institución castrense. La versión de Botero contrastó en ese momento con las de los lugareños y la del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se creó tras la desmovilización de las FARC en 2016, hasta el punto de que en redes sociales llegaron a exigirle este fin de semana que renunciara.

Según el senador del partido FARC Carlos Lozada, tras la desaparición de Torres los habitantes de la aldea ingresaron a un campamento del Ejército y “encontraron la fosa que los soldados estaban cavando para enterrar a este compañero y luego hallaron también el cadáver dentro del predio”. Por lo anterior, exigió al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, “plenas garantías” para quienes dejaron las armas con el propósito de que puedan hacer adecuadamente su proceso de reincorporación a la sociedad. - Efe