Bruselas - Se cumplen dos años del acuerdo entre Italia y Libia bendecido por la UE por el cual los guardacostas del país tienen el mandato de retornar a refugiados y solicitantes de asilo antes de que sus barcazas llegasen a aguas internacionales. 5.300 personas han perecido desde entonces en el Mediterráneo, 4.000 de ellas en el Mediterráneo Central.

Los afortunados que consiguen salir de Libia coinciden: “Es el infierno sobre la tierra”. El país norafricano era antes de la caída del dictador Muammar al Gadafi en 2011 un país receptor de inmigrantes, generalmente “mano de obra barata”. Ocho años después, es un Estado fallido controlado por una veintena de milicias y sin un gobierno oficial capaz de tomar el control de la situación.

Después de que la UE cerrase en 2016 la vía del Mediterráneo Oriental que conectaba principalmente Turquía con las islas griegas, la ruta Central entre Libia e Italia multiplicó su tránsito. Poco después, Roma cerró con Trípoli un acuerdo a través del cual daba el mandato a los guardacostas libios para interceptar a las barcazas en aguas territoriales libias y retornas a los migrantes al país. La UE bendijo este pacto.

Lo que sucedió después tenía mucho de previsible y poco de fácil resolución. Las personas que habían atravesado el “infierno” de las cárceles libias narraban todo tipo de abusos, hasta tal punto que se documentó la venta de esclavos. “Me pidieron más dinero, pero no me quedaba nada. Me golpearon en las plantas de los pies, las pantorrillas y las rodillas, pero seguí diciendo que no podía contactar a nadie porque no tenía familia en Malí. Vi como un joven gambiano era golpeado hasta morir ante mis ojos porque se atrevió a rebelarse y responderles”, señala un menor de Malí, en un testimonio que recoge Oxfam Intermón.

Más de 50 ONG han acusado a los Estados de la UE de hacer del Mediterráneo “un cementerio marino” hostigando a las ONG de rescate que en estos momentos se limita a solo una en este mar. Dos años después de la entrada en vigor de este acuerdo, han acusado a la UE de “cómplice” en la tragedia del Mediterráneo, que se ha cobrado 5.300 muertes y “una cifra mayor” de personas “que sufren en los centros de detención”, explica en un comunicado Oxfam Intermón. De estas 5.300 personas contabilizadas en todo el Mediterráneo, 4.000 han perecido en la parte Central.

En una carta abierta han acusado a “algunos” de los Estados de la UE de hostigar a las ONG en el Mediterráneo -léase principalmente Italia- e impedir que continúen salvando vidas en el mar. Si hace un año había cinco organizaciones de rescate, a día de hoy solo queda una. En España, por ejemplo, el barco de Open Arms lleva más de un mes retenido en el puerto de Barcelona, en lo que Oxfam denuncia un “cambio de política” del Gobierno de Pedro Sánchez que se estrenó en Bruselas con la acogida del Aquarius.

“Los países de la UE están haciendo del Mediterráneo un cementerio marino como una cuestión política deliberada”, apunta Raphael Shilhav, asesor de política migratoria de Oxfam en la UE. “Todo intento de impedir el trabajo de las ONG en el mar inevitablemente llevará a más muertes y será contrario a los valores humanitarios de Europa “, agregó.

La estrategia de la UE en Libia pasa por apoyar al gobierno de Fayez al Sarraj y apostar en la celebración de elecciones, una iniciativa del presidente galo Emmanuel Macron. Aunque unos comicios en medio del caos, la inseguridad y la falta de control institucional despiertan más escepticismo que esperanza.

Entretanto, los Estados miembros continúan sin solventar sus diferencias insalvables en materia migratoria, que bloquean durante más de dos años el establecimiento de una Política de Asilo Común adaptada a los nuevos tiempos. Porque si hay algo en lo que sí coinciden en Bruselas es que el fenómeno migratorio está para quedarse y es vital tener un margen de acción previsible que vaya más allá de los parches actuales.