Bilbao. La conflictividad en la Unidad de Intervención de la Ertzain-tza no hace sino aumentar con el paso del tiempo. El desencuentro entre su responsable, E. M., y la mayoría de la treintena de berrozis que están a su cargo ha derivado en la apertura de un expediente por falta grave contra doce de ellos. "Quiere quitarnos de en medio, busca acusarnos de una falta muy grave para removernos de nuestro puesto de trabajo. Estamos perseguidos, acosados y expedientados", aseguran los afectados.

El argumento esgrimido por el jefe de Intervención, nombrado por los actuales responsables de Interior, puede parecer de lo más prosaico: alega que los expedientados no llevan la ropa de calle que les ha marcado como obligatoria, tanto en sus desplazamientos hacia la base de Berrozi, cerca de Gasteiz, como en los operativos en los que deben actuar de paisano. En la denuncia que ha elevado a la unidad disciplinaria dice además que esta actitud de sus subordinados llegó a condicionar la actuación del 29 de marzo por la que se desarticuló a la que entonces era la banda de atracadores más buscada del Estado.

Los berrozis niegan la mayor. Por un lado, denuncian que, tras la decisión del consejero de Interior de dividir la antigua Unidad de Protección e Intervención (UPI) en dos unidades diferentes, carecen de normativa propia. Una de las consecuencias de ello es que "ya no tenemos indemnización por el vestuario no uniformado", por lo que reclaman que la ropa que se les impone forme parte de la dotación. Por otro lado, resaltan que el mencionado operativo no se vio en ningún caso afectado por su vestimenta. Explican que, en ese caso concreto, "la gente se gastó el dinero y se compró la ropa para complacer sus caprichos, y el planteamiento del operativo se mantuvo igual. Ha sido una mera excusa para abrir los expedientes".

En el trasfondo de todo ello se encuentra la actual división que sufre la Unidad de Intervención. Uno de los agentes expedientados afirmaba a DEIA que "hay una discriminación" hacia los miembros de la unidad que "no son de su cuerda". Añadía que el actual responsable "antepone su interés personal a su responsabilidad, para él esto es un área de juego, no un trabajo. La mitad de la gente está quemada por la presión, queremos que se respeten nuestros derechos".

Desde el sindicato Euspel denunciaban que "está incapacitado para estar al mando de esta unidad, debía tenerla cohesionada y la tiene totalmente disociada". Un portavoz de la central agregaba que, además, "está blindado, en Recursos Humanos prefieren cambiar a todos los miembros de la unidad antes que moverle del puesto".

Presión añadida Este "enfrentamiento abierto" supone una presión añadida para unos agentes que ya tienen un trabajo bastante complejo de por sí. Como consecuencia, el número de bajas se ha disparado cuando siempre se había movido en unos ratios muy bajos. "Ahora, al ir a trabajar te genera más estrés lo que tienes detrás que lo que tienes delante", aseguraba un agente.

Si los expedientes por faltas graves prosperan, los ertzainas se pueden enfrentar a una suspensión de empleo y sueldo de entre cinco días y dos años. "El proceso irá rapidísimo, quieren quitarnos de en medio", explicaba un afectado. "Lo malo es que no va a tener ningún coste político, nadie le va a dar un tirón de orejas", lamentaba.