Los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en diversos domicilios privados y las detenciones de varios responsables federativos, enmarcados en el proceso de investigación de la operación Brodie –que persigue pruebas de presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal–, llevaron a la jueza Delia Rodrigo a sentar en el banquillo de los testigos al presidente virtual de la RFEF Pedro Rocha, quien fue citado para declarar el pasado viernes.
El único candidato a la presidencia, llamado a ser relevo de Luis Rubiales, después de media hora de exposición, fue cortado por la jueza, que decidió convertir al testigo Rocha en imputado al considerar que se extralimitó en sus funciones y que pudo formar parte de la corrupción que sacude a la Federación.
El pasado lunes, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) propuso una sanción por falta “muy grave” para Rocha y toda su comisión, razón por la que ayer el Consejo Superior de Deportes (CSD), con la voz de su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, anunció que convocará a la comisión directiva del organismo que preside para someter a votación la suspensión provisional por falta muy grave de Rocha y del resto de la comisión gestora de la RFEF.
“Voy a convocar en los próximos días a la comisión directiva para tomar una decisión tras la resolución del TAD que califica como muy graves los hechos de la comisión gestora y de su presidente. No puede haber más actuaciones desde la federación donde sus dirigentes se extralimiten de sus funciones, debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan”, manifestó Rodríguez Uribes.
El presidente del CSD afirmó que “el fútbol español se merece que sus representantes se guíen por los principios de honradez y buena gobernanza” y es por ello que, como informó, “estamos en contacto con la FIFA; he transmitido nuestra preocupación y determinación para adoptar de manera coordinada todas las medidas necesarias para asegurar que no vuelva a darse una crisis reputacional como esta de la Federación”.
Rocha, único candidato
Todo esto sucede después de que Rocha fuera el único candidato a presidir la Federación tras obtener el mínimo de 21 avales requeridos para presentar una candidatura, lo que despejaba su camino hacia la presidencia. El viernes fue virtualmente proclamado presidente al captar 107 avales. Pero su recorrido al frente de la Federación puede que no le alcance hasta anunciarse la oficialidad –de ser así, gobernaría hasta convocar nuevas elecciones en octubre o noviembre de 2024–, ya que podría ser inhabilitado junto a su comisión, como sucedió con Rubiales. Por de pronto, la proclamación se tuvo que retrasar debido a que se admitió la impugnación del proceso electoral tras la solicitud de Miguel Galán, la persona que denunció los supuestos delitos que envolverían a la Federación y a muchos de los integrantes de la época de Rubiales. Galán denunció que los avales de Rocha no eran válidos al estar caducados y haber sido obtenidos en un presunto fraude electoral. Esto obligó a posponer la carrera presidencial hasta la última fecha del calendario electoral, el 26 de abril. Aunque para entonces, Rocha podría estar inhabilitado y no podría ser nombrado presidente.
El propio Rocha emitió ayer un comunicado en el que expresó que la resolución del TAD es “completamente sorprendente y ajena a toda lógica y sentido jurídico”. Rechazó una versión “en la que se le acusa de excederse en las funciones encomendadas en relación con una serie de decisiones” que, dijo, “como presidente en funciones, se ha visto obligado a tomar por el bien del fútbol durante el periodo en el que ha estado a cargo de la gestora, actuando en todo momento con total y absoluta transparencia”.
Desde la RFEF se alegó que no entienden que el TAD se persone como acusación y que se estén mezclando situaciones diferentes. “El expediente del TAD nada tiene que ver con los comportamientos presuntamente delictivos que se están investigando (operación Brodie), sino con un supuesto y rebatido exceso en las funciones de una entidad que no ha podio concluir su proceso electoral (...). La comisión gestora ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias”, respondieron.
