SANTIAGO Abascal presentó ayer una moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez, la segunda de la legislatura y condenada al mismo resultado estéril que en la ocasión anterior. Pese a que el mecanismo de esta figura exige que la iniciativa sea constructiva y continuista, ninguna de las dos características se va a dar. No será constructiva porque, pese a ser defendida como candidato a presidente por Ramón Tamames, el casi nonagenario economista no tiene la voluntad ni la capacidad de encabezar un gobierno alternativo. Carece del respaldo objetivo de una estructura política afín a un programa de gobierno y ha manifestado su discrepancia de base con aspectos centrales del partido de ultraderecha que le presenta. En este sentido, el propio Tamames debería hacer una reflexión sobre su papel instrumental en la jugada. Y la moción de censura tampoco es continuista en tanto se confiesa como medio para forzar un adelanto electoral por conveniencia partidista, extremo que este mecanismo no contempla, en tanto su objetivo es agotar la legislatura con otro liderazgo. Así, el procedimiento en los términos en que va a aplicarse es un mero instrumento de alboroto, de desgaste no tanto del ejecutivo de coalición que preside Sánchez como de la propia dignidad, utilidad y estabilidad del Legislativo. Vox ha reducido la actividad parlamentaria a un mero escaparate de su estrategia provocadora. Se esfuerza en crear un estado de ánimo de confrontación que va en contra de la función misma del parlamentarismo, que es el canal de desarrollo normativo para encarar y responder, desde el diálogo entre diferentes, a los retos y necesidades de una sociedad democrática. Vox busca el desprestigio del sistema mismo de representación parlamentaria. Vaciar de contenido el modelo de representación y en modificar el sistema electoral para minorizar aún más a las minorías y relegar sus garantías de participación política. La astracanada que promueve es una más en su mercado de recetas populistas y, si bien no merece ser jaleada, sí debe ser puesta en evidencia su intención de dañar el sistema democrático en la propia sede de la representación ciudadana. Una distracción irresponsable que exige el rechazo monolítico de las fuerzas democráticas con independencia de sus divergencias.
