LA preocupación por la actual situación de la sanidad pública y el anhelo y deseo de su mejora y fortalecimiento son un sentimiento y un objetivo compartidos por el conjunto de la sociedad, en Euskadi, en el Estado y en toda Europa. Ello, sin embargo, no puede llevar a realizar diagnósticos equivocados o interesadamente catastrofistas respecto a la realidad so riesgo de exigir remedios o soluciones que no se ajustan a la verdadera dimensión y profundidad del problema o de buscar panaceas imposibles. Los sindicatos que se movilizaron ayer en las tres capitales vascas están en su pleno e incuestionable derecho de reclamar mejoras sobre las condiciones laborales y del servicio que presta Osakidetza a toda la ciudadanía vasca. No obstante, justificar la manifestación en un presunto “desmantelamiento de la sanidad pública”, como hicieron las centrales vascas –LAB llegó a afirmar que el Gobierno vasco actúa “de forma deliberada para acabar” con Osakidetza–, es no solo un exceso que no se corresponde con los datos objetivos sino que representa en sí mismo un obstáculo en la búsqueda de una salida. El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova atinó ayer respecto a este asunto cuando pidió no caer en la hipérbole, lo que, dijo, resta credibilidad a quien lo hace, y reconoció –curiosamente, poco antes de asistir a la manifestación de Bilbao– que “Osakidetza no se está desmantelando”, aunque aseguró que está “perdiendo calidad a pasos agigantados”, algo en todo caso muy cuestionable. No es posible hablar de “desmantelamiento” ni de recortes ni de privatización de la sanidad pública cuando todos los datos indican justo lo contrario: el presupuesto más alto de la historia, reforzamiento de la plantilla estructural de Osakidetza a lo que se añaden nuevas OPE con más de 7.600 plazas y niveles salariales y ratios más altos del Estado. Desde el Departamento de Salud se insiste en que el problema radica en la “falta de profesionales” que aqueja a toda Europa. Euskadi carece de competencias para crear plazas y disponer de MIR. Fueron los gobiernos españoles –en especial, el de Mariano Rajoy– los que, en un alarde de imprevisión, redujeron las plazas de formación en Medicina. La solución, por tanto, no está en recetas basadas en la exageración ventajista y electoralista, sino en la política real, con rigurosidad, voluntad y acierto para un problema que es global. l
