La patronales de hostelería de los tres territorios facilitarán un "procedimiento tasado" para presentar demandas judiciales contra el Gobierno vasco por los cierres de los locales durante la pandemia, entre diciembre de 2020 y febrero 2021, cuando en el municipio se superaban los 500 casos de incidencia.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró en 2022 la nulidad de aquellas medidas y posteriormente el Supremo no admitió el recurso del Gobierno vasco, lo que dio firmeza al fallo del Superior vasco.
Ahora, las tres asociaciones han negociado con un bufete para que analice y valore económicamente la interposición de reclamaciones patrimoniales individuales contra el Gobierno vasco por parte de las empresas afectadas.
Será cada establecimiento o empresa la que tendrá que decidir si le merece la pena iniciar el procedimiento, en base a sus cifras de negocio y los días en que su municipio se vio afectado por los cierres de actividad derivados de los Decretos.
Las asociaciones de hostelería han explicado que han intentado que el Gobierno vasco reconociera su responsabilidad por los cierres pero han recibido una "respuesta negativa, oponiéndose a valorar compensación alguna en tanto en cuanto no haya una resolución judicial que les condene al abono económico de los daños causados".
Por ello, entienden que "la hostelería de Euskadi, que se sienta dañada y merecedora de una reparación, está en su perfecto derecho de iniciar el procedimiento de reclamación patrimonial, que se espera sea tenido en consideración por el Tribunal Supremo".
