Más de veinticinco organizaciones de defensa de los derechos humanos de Navarra, Aragón, Andalucía, Cataluña y Euskadi han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un escrito solicitando que se amplíen las medidas de desescalada en las prisiones.
El Ministerio del Interior publicó una orden para flexibilizar las restricciones adoptadas en las cárceles durante el estado de alarma, pero “sigue siendo necesario reducir el riesgo de propagación del virus en los centros penitenciarios así como adoptar medidas más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas presas y de sus familiares y personas allegadas” en la desescalada, señalan estos colectivos en un comunicado.
Respecto a la reducción de la población penitenciaria, consideran que son necesarias medidas para la excarcelación mediante la concesión de progresiones a terceros grados y promoción de libertades condicionales, en su caso anticipadas, para aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Mantenimiento de los terceros grados
Asimismo, solicitan el mantenimiento de los terceros grados en las formas articuladas en el estado de alarma, ya que “ha demostrado que puede cumplirse sin incidentes y que es una medida efectiva para reducir la población penitenciaria, algo necesario más allá de la crisis sanitaria actual”.
En cuanto a las comunicaciones con el exterior, además de su gratuidad, piden el aumento del número de dispositivos disponibles, que las videollamadas se realicen en un ambiente con mayor intimidad y que las mismas se puedan hacer más allá del periodo de restricciones y de forma indefinida.
Por otra parte, celebran que se recuperen las visitas por cristal en la fase 1 y 2, “pero se hace necesario que para la fase 2 y siguientes se recuperen, además, las comunicaciones vis a vis”. Igualmente, solicitan que se ponga especial atención a que las juntas de tratamiento vuelvan a su actividad ordinaria "con la máxima celeridad posible”.
Afirman en ese sentido que “es fundamental" que el tiempo transcurrido desde la suspensión de actividades y visitas para las personas presas "se vea compensado de alguna manera y no se vean doblemente penalizadas por las restricciones del estado de alarma”.
En relación a la atención sanitaria, además de solicitar materiales de protección a todos los presos y personal funcionario, recuerdan que la situación de la sanidad penitenciaria "es deficitaria y se hace necesario adoptar medidas que no impliquen un deterioro de la asistencia sanitaria dispensada dentro de prisión".
Por estos motivos, entienden que “es perentorio" que Instituciones Penitenciarias y las comunidades autónomas "agilicen los trámites para que éstas asuman las competencias sanitarias respecto de las cárceles de sus territorios”.
Firman el manifiesto entidades como Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Sare-VIH, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, Etxerat, Familias de Presos en Catalunya, Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza, Institut de Drets Humans de Catalunya, Salhaketa y Red ciudadana Sare
