E nuevo, la memoria escandalosamente selectiva. La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado la solicitud de EH Bildu para que el siniestro exministro de Interior José Luis Corcuera comparezca en la Cámara para dar explicaciones sobre la campaña de envíos de cartas bomba a simpatizantes de la izquierda aber-tzale que se saldó con la muerte de un cartero de 22 años en Errenteria en 1989. En el mismo viaje, también se ha tumbado la petición de la coalición soberanista de que el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, informe sobre lo que piensa hacer o dejar de hacer su Gobierno tras las revelaciones que certifican que el Estado estuvo detrás de ese episodio de guerra sucia, o sea, de terrorismo institucional.
La peregrina excusa para el rechazo es que la demanda no se ajusta al reglamento del hemiciclo, manda narices. Lo triste es que ni siquiera podemos sorprendernos. El PSOE y el PP se pueden tirar los trastos a la cabeza en casi todo menos en lo que atañe a cualquier cosa que amenace con poner al aire las vergüenzas de lo que con actuaciones como estas no cabe llamar sino régimen. Por la parte de los de Casado, no hay demasiado que decir. En cuanto a los socialistas, que tanto se llenan la boca hablando de la necesidad de esclarecer determinadas cuestiones del pasado, resulta un escarnio que sigan optando por la mirada hacia otro lado, el despeje a córner o la puesta en duda de unos hechos que, como acaba de desvelar nada menos que el ABC, diario de orden donde los haya, están lo suficientemente documentados como para que, por lo menos, se investiguen. Así de triste.
